Problemas para Barcelona y Madrid: ¿reclamaciones por subir el IBI de los parkings?

Hacienda ha activado un controvertido incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado a garajes y párkings, que podría superar los 100 millones de euros en 2024 y aumentar aún más en 2025. Esta medida, según explica Vozpópuli, afecta principalmente a grandes ayuntamientos como Madrid y Barcelona, además de otros como Terrassa. Tras finalizar el plazo de pago el pasado lunes, los contribuyentes podrán presentar reclamaciones durante diciembre.

La subida se fundamenta en la Resolución de la Dirección General del Catastro publicada el 8 de enero en el BOE. Este documento modifica la clasificación catastral de los inmuebles de la categoría "almacén-estacionamiento", dividiéndolos en dos subtipos: uso residencial y uso industrial, con tipos impositivos diferenciados. Los inmuebles clasificados como industriales, que parecen ser la mayoría, están sujetos a un gravamen de 1,13%, más del doble del aplicado a los residenciales (0,43%).

"Poco transparente"

El procedimiento ha suscitado críticas por su falta de transparencia. La asignación de categorías no se ha explicado públicamente, parece aleatoria y no ha sido notificada a los afectados. Además, la medida se adoptó mediante una resolución administrativa sin modificar la Ley de Haciendas Locales ni su reglamento, lo que podría vulnerar el principio de reserva de ley del Poder Legislativo.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ya ha impugnado la resolución ante la Audiencia Nacional, argumentando que carece de base legal. Asimismo, los abogados Rubén Rúa y Teresa Castelló, de Premier Tax Procedure, calculan que solo en Madrid y Barcelona hay más de 100 millones de euros en posibles reclamaciones por este cambio.

En 2025, otros municipios tienen previsto implementar esta subida, aunque con una planificación que, en principio, respetaría los plazos de devengo del impuesto, ofreciendo mayores garantías legales.

Este cambio en el IBI no solo plantea un aumento significativo en la carga fiscal de muchos ciudadanos, sino también un debate sobre la legalidad y la transparencia de las actuaciones de Hacienda en la gestión tributaria local.