El Gobierno anuncia la subida del impuesto especial del diésel: ¿a quién afectará más?

El Gobierno ha anunciado una subida del impuesto especial al diésel con el objetivo de equiparar su fiscalidad a la de la gasolina. La medida supone un incremento de 9,37 céntimos por litro, pasando de los 0,38 euros actuales a 0,47 euros por litro. La iniciativa, que no fue aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre, será impulsada mediante un Real Decreto-ley este mes, pendiente de convalidación en enero.

El principal objetivo del Gobierno es doble. Por un lado, se busca cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión Europea en materia de políticas medioambientales y control de emisiones de CO2. Por otro, se pretende recaudar cerca de 1.400 millones de euros adicionales, contribuyendo así a reducir el déficit público al 2,5% en 2025, frente al 3% previsto para este año.

Esta medida no es nueva en el debate político. Ya en 2021 se intentó incluir en los Presupuestos Generales del Estado, pero fue rechazada por el PNV. Además, cabe recordar que la fiscalidad favorable al diésel data de 1973, cuando la European Fuel Tax Directive estableció un marco que, a día de hoy, sitúa a España como uno de los países con menor carga impositiva sobre el diésel en la eurozona, sólo por detrás de Portugal, Eslovaquia, Estonia y Lituania.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta medida es su carácter regresivo. Los expertos advierten que tendrá un impacto mayor sobre las rentas bajas y las zonas rurales. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el 45% de los hogares españoles consumen diésel, lo que equivale a seis millones de familias. Además, en los perceptiles de ingresos más bajos, hasta un 90% de los hogares dependen del diésel, mientras que en los niveles más altos el porcentaje se reduce al 50%.

La situación es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde las familias recorren más kilómetros que en las áreas urbanas, lo que incrementa su carga impositiva relativa. En este sentido, tanto Funcas como el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) coinciden en señalar que la medida resultará regresiva si no se aplican compensaciones adecuadas.

María José Moral Rincón, experta de la UNED, subraya la necesidad de acompañar esta armonización fiscal con planes de renovación de vehículos dirigidos a las familias de rentas bajas, así como una mejor comunicación de los objetivos de la medida. Sin estas acciones complementarias, la subida del impuesto podría exacerbar las desigualdades entre los distintos sectores de la población.