Lío entre los gimnasios DiR y sus socios: denuncian que una nueva tarifa incumple el contrato firmado

Los gimnasios DIR, una de las cadenas más reconocidas en Barcelona, están en el centro de una controversia que involucra a alrededor de 1.000 socios. El conflicto surgió a raíz de la introducción de una tasa de gestión aplicada cada vez que un jugador reserva una pista de pádel. Esta nueva tarifa ha sido vista por muchos como un posible incumplimiento de contrato y un presunto caso de publicidad engañosa. Según información publicada por Tot Barcelona, más de 350 afiliados han alzado la voz en una reclamación formal presentada el pasado 17 de diciembre.

La medida ha generado una gran inquietud entre los socios, especialmente entre aquellos que cuentan con contratos de pago único o tarifa fija. Los pagos de estos contratos oscilan entre 1.800 y 3.800 euros, y en su momento, estos acuerdos incluían beneficios como el acceso ilimitado a las pistas de pádel. Además, algunos socios tenían títulos vitalicios o de larga duración, lo que les aseguraba una serie de privilegios que ahora se ven cuestionados por el cobro adicional.

La introducción de esta tasa ha generado un fuerte malestar, ya que muchos consideran que sus derechos no están siendo respetados. La nueva tasa, aplicada a cada reserva de pista de pádel, ha sido percibida como una carga económica extra para los socios que, en principio, tenían garantizado el uso ilimitado de las instalaciones sin costes adicionales. Esto ha dado pie a la posibilidad de reclamar daños y perjuicios debido a la devaluación de los títulos transferibles, que, según los afectados, han perdido parte de su valor original.

Desde DIR, la justificación para este cobro adicional es clara: buscan evitar la "monopolización" de las instalaciones y garantizar que todos los socios puedan hacer uso de las pistas. Aseguran que esta medida tiene amparo legal y que su objetivo es equilibrar la demanda y evitar que algunos socios reserven múltiples pistas, limitando así el acceso a otros. Sin embargo, la percepción general entre los afectados es que esta justificación no compensa el impacto negativo que ha tenido sobre sus acuerdos contractuales.