Hacienda obligará a tributar el IRPF cobrando el SMI: ¿Cuál será la subida real para los trabajadores?

La subida del SMI de 50 euros se ve empañada por la decisión de Hacienda de no eximir a los beneficiarios del IRPF. ¿Qué implicará para los trabajadores?

 

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María Jesús Montero y Yolanda Díaz
María Jesús Montero y Yolanda Díaz - EP

 

El Ministerio de Hacienda ha tomado una decisión polémica que afectará a medio millón de trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque el Gobierno ha aprobado un incremento de 50 euros en el SMI, situándolo en 1.184 euros mensuales por catorce pagas, Hacienda ha decidido no modificar el mínimo exento del IRPF, lo que provocará que algunos de estos trabajadores deban tributar por el impuesto. Esta medida ha generado una ola de críticas desde varios sectores políticos.

¿Cómo impactará el IRPF a los beneficiarios del SMI?

El Ministerio de Hacienda ha explicado que la mayoría de los beneficiarios del SMI seguirán sin tener que pagar IRPF, ya que el Gobierno ha aprobado una importante rebaja del IRPF para rentas bajas y medianas. No obstante, aproximadamente un 20% de los beneficiarios del SMI, es decir, medio millón de trabajadores, deberán tributar por este impuesto. Según los ejemplos aportados, un trabajador soltero y sin hijos que perciba el SMI tendrá que abonar aproximadamente 300 euros al año de IRPF.

Este 20% de los beneficiarios son principalmente trabajadores sin pareja ni hijos, lo que eleva su carga tributaria. En cambio, un contribuyente con pareja e hijos menores de tres años no sufrirá retenciones, pero aquellos con hijos mayores de tres años pagarán 99 euros al año de IRPF.

Reacciones políticas: críticas a la medida

La decisión de Hacienda ha provocado un rechazo generalizado, especialmente por parte de los socios del Gobierno. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado la medida como "una burrada", al considerar que es injusto que los trabajadores con el salario mínimo tengan que tributar por el IRPF. Rufián, aunque celebra la subida del SMI, rechaza el criterio de Hacienda, al entender que "castiga" a los trabajadores más vulnerables.

Por su parte, el BNG también ha celebrado la subida del SMI, pero la considera insuficiente, ya que considera que el salario mínimo debería llegar a los 1.320,04 euros mensuales, lo que representaría el 60% del salario medio y cumpliría con la Carta Social Europea. Además, el BNG recuerda que la Confederación Intersindical Gallega (CIG) ha presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que el salario mínimo sea suficiente y adecuado.

Desacuerdos dentro del Gobierno de coalición

El debate sobre la tributación del SMI ha provocado tensiones dentro del Gobierno de coalición. La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha mostrado su desacuerdo con la medida, asegurando que no hubo deliberación sobre este asunto en el Consejo de Ministros. Díaz también ha criticado la falta de comunicación entre los diferentes departamentos y ha destacado que la "justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", refiriéndose a que los impuestos deberían recaer sobre las grandes fortunas y no sobre los trabajadores con menores ingresos.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha respondido a las críticas de Díaz, defendiendo que el dinero recaudado por Hacienda se destina a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos se benefician.

La pedagogía fiscal en debate

El debate sobre la tributación del SMI ha sacado a relucir diferencias dentro del Gobierno en cuanto a la estrategia fiscal. Mientras que algunos sectores defienden que es necesario aumentar los impuestos a las rentas más altas, otros creen que la prioridad es asegurar que los recursos se destinen a mejorar los servicios públicos y las políticas sociales.

A pesar de la polémica, la subida del SMI se considera un paso importante en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores con menos ingresos, aunque la decisión de no modificar el mínimo exento del IRPF deja en evidencia las tensiones dentro del Gobierno y la controversia sobre la justicia fiscal en España.

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