Bruselas relaja sanciones al sector del motor, pero mantiene los objetivos climáticos
La Comisión Europea ha decidido dar un plazo más flexible para reducir emisiones
La Comisión Europea mantiene su hoja de ruta para la reducción de emisiones en la industria automovilística, pero da un respiro a los fabricantes. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que propondrá una flexibilización en la normativa de sanciones para el sector. En lugar de exigencias anuales, las empresas dispondrán de un margen de tres años para cumplir con los recortes de CO₂.
"Propondré una enmienda al Reglamento de Normas sobre CO₂ este mes. En lugar del cumplimiento anual, las empresas obtendrán tres años", explicó Von der Leyen tras un mes de diálogos con el sector. No obstante, subrayó que los objetivos climáticos siguen intactos: la reducción de emisiones se mantiene en un 55% para 2030 y un 100% para 2035. Los detalles del plan se darán a conocer este miércoles tras la reunión del colegio de comisarios, y su aprobación dependerá del Parlamento Europeo y los Estados miembros.
La transición hacia la movilidad eléctrica es una de las prioridades de la Comisión Europea en su objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, la estrategia enfrenta obstáculos. La UE carece de suficientes materias primas para la producción de baterías, lo que ha incrementado su dependencia de China, país con grandes reservas de litio y tierras raras. Además, los vehículos eléctricos chinos, más baratos que los europeos, amenazan la competitividad del sector en países como Alemania, donde la industria automovilística es clave para la economía.
Según el calendario vigente, los fabricantes debían reducir sus emisiones un 15% en 2024 respecto a 2021. La Asociación de Fabricantes Europeos (ACEA) ha pedido a la Comisión que no imponga las sanciones previstas, argumentando que la adopción del coche eléctrico avanza más lentamente de lo esperado. De no cumplirse el objetivo, las multas podrían ascender a 16.000 millones de euros, un dinero que, según el sector, debería destinarse a la transformación de la flota de vehículos.
Con esta nueva enmienda, Bruselas busca equilibrar la ambición climática con la realidad industrial, en un contexto de creciente competencia global.
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