El arbitraje entre Cabify y Auro llega a Europa

El debate sobre el control judicial de los laudos arbitrales ha dado un giro trascendental con implicaciones a nivel europeo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha remitido varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), buscando orientación sobre cómo conciliar su obligación de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional español con la primacía del derecho de la Unión Europea.

La consulta al TJUE surge en el contexto de un litigio arbitral entre Cabify y Auro, donde se discuten los términos de un contrato. El Tribunal Constitucional había ordenado previamente al TSJM dictar una nueva sentencia, al considerar que este último se había extralimitado en sus funciones al anular un laudo, revisando el fondo del asunto bajo la premisa de una supuesta vulneración del orden público europeo.

Ahora, los magistrados del TSJM plantean al TJUE la siguiente cuestión clave: ¿Hasta qué punto pueden los tribunales nacionales, al revisar una acción de anulación de un laudo, entrar en el fondo del asunto para verificar la correcta aplicación del derecho de la competencia de la Unión Europea y, por ende, el respeto al orden público?

Esta pregunta es crucial, ya que el Tribunal Constitucional español ha buscado fortalecer el arbitraje, equiparándolo a una sentencia judicial y limitando las causas de anulación de laudos. Sin embargo, el derecho de la Unión Europea, con su principio de primacía, introduce una complejidad adicional.

Expertos en arbitraje advierten sobre las posibles consecuencias de una interpretación expansiva del control judicial. "Un juez español no puede revisar si el árbitro ha aplicado el derecho nacional correctamente. Aplicar el derecho es la función que las partes han encomendado al árbitro exclusivamente", explica Luis Fernando Rodríguez, Managing Partner de Wonders & Co. 

La decisión del TJUE podría tener un impacto profundo en el atractivo de la Unión Europea como sede de arbitraje internacional. "España, y particularmente Madrid, están haciendo un importante esfuerzo por convertirse en un gran centro de arbitraje internacional, especialmente en el ámbito hispanoamericano. Si la sentencia del TJUE obligara a los jueces a revisar el fondo del asunto cuando puedan resultar de aplicación las normas de orden público del Derecho de la Unión, probablemente se desincentivaría el uso del arbitraje en la Unión Europea", señala Antonio Robles Martín-Laborda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

El profesor añade que la incertidumbre sobre la ejecución de laudos que involucren derecho de la competencia podría llevar a las partes a optar por centros de arbitraje fuera de la UE, como Nueva York, Londres o Ginebra, donde las leyes son "más predecibles y menos intrusivas".

La comunidad jurídica permanece a la espera de la resolución del TJUE, que definirá el equilibrio entre el respeto a la autonomía del arbitraje y la necesidad de garantizar la aplicación efectiva del derecho de la Unión Europea.