El sector inmobiliario catalán alerta sobre las consecuencias de extender el control de rentas a los alquileres temporales

Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona manifiestan su profunda preocupación ante la intención del Govern de aplicar control de precios a los contratos de alquiler de corta y media estancia.

Las entidades advierten que esta medida representaría una grave alteración del marco legal vigente y pondría en riesgo un segmento esencial del mercado del alquiler, especialmente relevante para la movilidad laboral, académica y social en Catalunya.

Los arrendamientos temporales —habitualmente regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso distinto al de vivienda habitual— cumplen funciones muy específicas: dar respuesta a la necesidad de alojamiento de profesionales desplazados, estudiantes, investigadores o personas en situación de movilidad internacional o en transición residencial. Este tipo de contratos, generalmente de duración inferior a los 12 meses, no compiten con la vivienda habitual, sino que la complementan, facilitando el dinamismo y la apertura social del territorio.

Desde el punto de vista legal, el artículo 17 de la LAU establece claramente que las limitaciones al precio del alquiler solo pueden aplicarse a contratos de vivienda habitual. Extender este control a los arrendamientos temporales supondría una extralimitación normativa, generaría inseguridad jurídica y podría llevar a la desaparición de esta modalidad de oferta, clave para numerosos perfiles de ciudadanos.

Además, las entidades firmantes critican duramente los recientes acuerdos entre el Gobierno de la Generalitat y diversos grupos parlamentarios —como el Decreto Ley 2/2025 (en trámite como proyecto de ley) y el Decreto Ley 5/2025 (que incrementa el ITP y el AJD)— por responder únicamente a pactos políticos sin abordar el verdadero problema estructural: la falta de oferta de vivienda, tanto en alquiler como en compra.

El sector denuncia la creciente sobrerregulación y la inseguridad jurídica que padecen los operadores en Catalunya. Reclama un cambio de enfoque en las políticas públicas de vivienda, que deje de penalizar a quienes pueden producir vivienda y apueste por medidas eficaces que incentiven la creación de nueva oferta, condición indispensable para mejorar el acceso a la vivienda en el territorio.