La oposición venezolana aspira hoy a ganar las elecciones, con el riesgo de un pucherazo de Maduro

Venezuela celebra hoy domingo unas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro aspira a consolidarse en el poder con un tercer mandato, aunque gran parte de las encuestas otorgan la victoria al principal opositor, que se ha tenido que conformar con presentar al exdiplomático Edmundo González como candidato tras la inhabilitación de María Corina Machado, triunfadora de las primarias.

Estos comicios —celebrados el día en que el expresidente Hugo Chávez habría cumplido 70 años— se perfilan, a pesar de los sondeos, como un posible golpe de timón del 'chavismo', que en la campaña se ha jactado de haber facilitado la candidatura de hasta diez alternativas, incluida la de la Plataforma Unitaria, la principal alianza opositora que tuvo que elegir a González a última hora debido a la imposibilidad de inscribir no solo a Machado, sino también a Corina Yoris, que había sido designada como su sucesora.

La mayoría de las encuestas apuntan a una victoria de González con hasta 26 puntos más que Maduro, lo que abriría las puertas del Palacio de Miraflores a la oposición 25 años después del triunfo de la revolución bolivariana de Chávez, que gobernó durante 14 años. Chávez disfrutó de un amplio apoyo popular en la mayoría de las elecciones, pero tuvo que enfrentar varios intentos de golpe de Estado en 2002, cuando incluso pasó cuatro días en prisión.

Chávez fue diagnosticado de cáncer y finalmente murió en marzo de 2013, momento en el cual Maduro, hasta entonces su vicepresidente, asumió el poder de manera interina hasta que se celebraron elecciones a mediados de abril. Sin embargo, Maduro no es Chávez, y en aquellos comicios se impuso por un estrecho margen del 1,5% sobre el opositor Henrique Capriles.

Considerado por expertos como un 'perfil gris', Maduro no cuenta con el bagaje revolucionario de Chávez, lo que, sumado a la crisis económica y social del país —más de siete millones de venezolanos han abandonado el país— ha fomentado el auge de una disidencia que desde Caracas se ha obstinado en reprimir con penas de prisión, como en el caso de Leopoldo López, o inhabilitaciones, empezando por el mismo Capriles.

De hecho, ONG como Amnistía Internacional aprovechan la previa de los comicios para alertar sobre las "graves y masivas" violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, donde, bajo la presidencia de Maduro, "más del 25% de la población" ha huido del país; y denunciar las "decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura" contra disidentes.

La presidencia de Maduro, ampliamente cuestionada a nivel internacional, recibió uno de los rechazos más destacados tras las elecciones de 2018, en las que el mandatario se impuso con un 67,8% de los votos frente a Henri Falcón (20,9%), pero varios países del mundo e incluso la Unión Europea la consideraron ilegítima.

Esto hace dudar de si esta nueva votación será considerada a nivel internacional como justa y regular, o volverá a recibir el descrédito de parte de la comunidad internacional. De hecho, la celebración de estas elecciones estuvo en duda hasta el final y no fue hasta octubre de 2023 cuando, con el Acuerdo de Barbados firmado con la oposición, se fijaron las condiciones para los comicios.

Este pacto —que motivó incluso que Estados Unidos levantara algunas de las sanciones contra Venezuela— cubría las garantías para la participación de la oposición y el proceso de elecciones primarias, que no obstante la disidencia considera que Maduro ha eludido en algunas etapas, especialmente por la inhabilitación de Machado y la imposibilidad de inscribir a Yoris.

Es precisamente en este punto que surge el nombre de Edmundo González, un antiguo diplomático venezolano —embajador en Argelia (1991-1993) y en Argentina (1998-2002)— que ha prometido la liberación de los presos políticos, la recuperación económica, la estabilización de un bolívar enormemente devaluado y la lucha contra la inflación y la inseguridad.

Considerado como un político de centro, González ha manifestado su apoyo a los servicios públicos y siempre se ha mostrado abierto al consenso por encima de la ideología partidista. Respecto a una posible victoria en las elecciones del domingo, siempre ha apostado por un proceso de "negociación" para la transferencia de poder de manos de Maduro.

Participan en los comicios ocho candidatos más, a quienes las encuestas en ningún caso otorgan más de un dos por ciento de los votos, aunque es cierto que al principio se temía que pudieran restar votos a la oposición. Entre ellos destaca el pastor evangélico Javier Bertucci, el abogado Antonio Ecarri y el comediante Benjamín Rauseo, quienes intentan perfilarse como una tercera vía.

A pesar de que la campaña electoral se ha desarrollado sin grandes incidentes a nivel social, sí se han producido ataques judiciales contra la candidatura opositora. A pesar de su inhabilitación, Machado ha liderado la disidencia, destacando incluso por encima de González, y también ha sufrido gran parte de las consecuencias.

Desde el inicio de la carrera electoral, Machado ha denunciado la detención de varios de sus colaboradores más cercanos, y a escasos diez días de la celebración de los comicios incluso su jefe de seguridad, Milcíades Ávila, fue detenido por la fuerza en su casa. Ávila fue liberado poco después, pero en el transcurso Machado sufrió sabotajes en los vehículos utilizados para desplazarse durante la campaña.

Otro de los episodios más destacados también se produjo en la última etapa de la campaña, cuando el presidente Maduro agravó la situación advirtiendo de un posible "baño de sangre" si el oficialismo no conseguía la victoria, que garantizaría la estabilidad del país para evitar una hipotética guerra civil.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas ni siquiera por aquellos líderes sudamericanos que, si no apoyan a Maduro, al menos se muestran abiertos a establecer relaciones con Caracas. Es el caso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se escandalizó por estas palabras y recomendó a su homólogo venezolano aprender a perder.

Uno de los puntos que recogía el Acuerdo de Barbados era el de la elaboración de un registro electoral a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano rector de los comicios y considerado como un poder del Estado según la Constitución venezolana. El CNE fijó en 21,6 los venezolanos residentes en el país con derecho a voto y solo 228.000 en el extranjero, aunque fuera de las fronteras de Venezuela habitan unos siete millones de nacionales.

Esto se debe a que las normas para votar desde el extranjero son estrictas y exigen que los votantes estén registrados en una dirección durante al menos tres años y residan en ese lugar de manera legal, restringiendo así el derecho al voto a los refugiados o asilados.

Además, para participar en la elección deben acudir a un consulado, una tarea imposible en algunos países como Estados Unidos, donde las sedes de la diplomacia venezolana están cerradas.

El CNE también se encarga de facilitar la participación de observadores internacionales, a quienes, según el Acuerdo de Barbados, Maduro debía permitir el ingreso al país. El mandatario prometió misiones de la Unión Europea, la Unión Africana y el Centro Carter, entre otras; sin embargo, el régimen revocó la invitación a la UE y el resto de organismos ha visto reducidas sus misiones.