Crisis del alquiler en España: ¿cómo resuelven este problema el resto de países europeos?

En Europa, la regulación de los alquileres es un tema de gran relevancia, especialmente en un contexto donde la demanda de vivienda sigue creciendo y los precios continúan en alza, lo que genera tensiones en los mercados inmobiliarios. España no es la excepción y enfrenta una situación preocupante. En septiembre de 2024, el precio medio del metro cuadrado en alquiler alcanzó los 13 euros, lo que supone un aumento del 10,2% respecto al año anterior. 

Este incremento, impulsado por la escasez de viviendas disponibles y la elevada demanda, ha llevado a que muchas ciudades se consideren "zonas tensionadas", donde el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en un desafío para gran parte de la población. A pesar de estas circunstancias, España cuenta con un porcentaje de vivienda social muy reducido, apenas el 2,5%, lo que agrava aún más el problema para quienes buscan soluciones habitacionales.

En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez ha planteado como objetivo aumentar la oferta de viviendas sociales, con un ambicioso plan que prevé la creación de 184.000 viviendas destinadas al alquiler social. Esta medida busca aliviar la presión del mercado y ofrecer una alternativa asequible para aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, España no está sola en esta crisis, y muchos países europeos también enfrentan retos similares, aunque con distintos enfoques y regulaciones en sus mercados inmobiliarios.

En Alemania, por ejemplo, y como ha recogido Infobae, cada estado federado tiene la posibilidad de adoptar normativas específicas en aquellas zonas consideradas tensionadas. En estas áreas, se establece un precio de referencia, y los nuevos contratos de alquiler no pueden exceder dicho límite. Esta regulación busca contener los precios y proteger a los inquilinos frente a los aumentos excesivos.

Suecia adopta un enfoque diferente, donde el precio de referencia en los alquileres se establece mediante negociaciones colectivas entre inquilinos, empresas municipales y propietarios privados. Si bien este sistema ayuda a mantener precios más accesibles, ha reducido la oferta de viviendas, ya que los propietarios ven menos atractivo construir o alquilar.

En Francia, el índice de referencia de los alquileres está vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo limitar los incrementos de alquileres en un 20% por encima del valor promedio en zonas tensionadas. Además, se han implementado medidas para prohibir el alquiler de viviendas que no cumplan con ciertos estándares de eficiencia energética, como un buen aislamiento térmico.

Tanto en los Países Bajos como en Austria, el alquiler social juega un papel crucial en el mercado inmobiliario. En los Países Bajos, el 30% de las viviendas están destinadas al alquiler social, mientras que en Austria la cifra es del 24%. En ambos países, los precios de alquiler se ajustan en función de la inflación y se mantienen por debajo del valor del mercado, lo que garantiza el acceso a viviendas asequibles para una parte significativa de la población.

En Portugal, aunque no existe una regulación directa sobre los precios de alquiler, el gobierno ha implementado incentivos fiscales para aquellos propietarios que alquilan viviendas por debajo del valor de mercado. Esta medida busca motivar a los propietarios a ofrecer alquileres más asequibles, aunque su impacto en la oferta de vivienda sigue siendo limitado.

Por último, en Italia, los contratos de alquiler están sujetos a un límite basado en la indexación. El precio de alquiler se fija para un periodo de cuatro años, durante los cuales no se permiten aumentos, lo que brinda cierta estabilidad a los inquilinos frente a las fluctuaciones del mercado.