Gobiernos ecologistas exigen justicia climática en la Cop29, ante una propuesta de la UE y EEUU muy criticada
Estados Unidos y la Unión Europea propusieron aumentar el financiamiento climático de 100.000 millones a 250.000 millones de dólares anuales para 2035
Durante la COP29 celebrada en Bakú, Estados Unidos y la Unión Europea propusieron aumentar el financiamiento climático de 100.000 millones a 250.000 millones de dólares anuales para 2035, una cifra que ha sido ampliamente criticada por su falta de ambición. Países africanos y pequeños estados insulares subrayaron que, considerando la inflación y el creciente costo de los desastres climáticos, el aumento real tendría un impacto marginal. Voces destacadas, como la ONG Global Citizen, calificaron la propuesta como “cacahuetes”, es decir, como insuficiente, frente a un planeta que está "ardiendo".
La presidencia de Azerbaiyán sugirió diversificar las fuentes de financiación, involucrando aportes privados y multilaterales. Sin embargo, esta idea no ha logrado consenso. Organizaciones internacionales y expertos, como Nicholas Stern, enfatizaron la necesidad de un mínimo de 300.000 millones de dólares anuales para cumplir con los objetivos climáticos globales. Además, los debates se ven empañados por la falta de compromiso colectivo: delegaciones clave, incluyendo las de China y Arabia Saudita, no han definido claramente sus aportes, lo que dificulta las negociaciones.
La falta de tiempo complica aún más las discusiones. Aunque las sesiones finales han sido extendidas, el ambiente de incertidumbre persiste. Con cerca de 200 países buscando acuerdos, el consenso parece inalcanzable, lo que amenaza con dejar a la COP29 como otra cumbre climática sin resultados concretos
Países subdesarrollados y gobiernos ecologistas exigen justicia climática ante los avances limitados
Mientras las potencias debaten cifras, los países en desarrollo y los gobiernos ecologistas han destacado la urgencia de compromisos reales. Agrupados en el G77+China, han elevado su exigencia a 1,3 billones de dólares anuales, argumentando que solo así podrán abandonar los combustibles fósiles, adaptarse a desastres extremos y proteger a sus comunidades. El viceministro de Ambiente de Guatemala, Edwin Castellanos, subrayó que cada huracán retrasa el crecimiento económico de su país por años, lo que ilustra la desproporción entre las necesidades del Sur y los compromisos del Norte.
Los gobiernos con una agenda ecológica, como Colombia y Alemania, han abogado por la creación de un fondo climático inclusivo que combine aportes públicos y privados. Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, denunció la falta de avances concretos y pidió que las potencias reconozcan su deuda histórica con los países más vulnerables. La participación activa de estos gobiernos busca equilibrar las negociaciones, presionando por justicia climática en un sistema que históricamente ha favorecido a las economías más fuertes-
El estancamiento financiero y las dudas sobre el papel de países emergentes, como los BRICS, han añadido complejidad. Países del sur global enfatizan que el cambio climático no puede resolverse sin un esfuerzo colectivo, que incluya desde nuevas fuentes de financiamiento hasta la reducción de emisiones. En este contexto, la COP29 sigue siendo un reflejo de la profunda brecha entre las prioridades de los países desarrollados y las necesidades del resto del mundo.
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