El fatídico 'corralito' cumple 23 años: así fue el mayor desastre en la economía de Argentina

El 1 de diciembre de 2001 marcó el inicio del llamado "corralito" en Argentina, un término que define una de las crisis económicas y sociales más profundas en la historia reciente del país. Este episodio se desencadenó en un contexto de inestabilidad económica crónica, acumulada durante años de políticas que intentaban mantener una paridad fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, conocida como la Ley de Convertibilidad. Aunque inicialmente esta medida trajo estabilidad tras la hiperinflación de finales de los años ochenta, su rigidez terminó ahogando a la economía argentina, ya que el país perdió capacidad de maniobra ante las fluctuaciones internacionales, especialmente durante la crisis del sudeste asiático y la recesión en Brasil.

El "corralito" fue declarado oficialmente por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, bajo el gobierno del presidente Fernando de la Rúa. Consistió en la imposición de severas restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. Cada cliente podía extraer un máximo de 250 pesos por semana, equivalentes en ese momento a 250 dólares, dado el tipo de cambio uno a uno. La medida buscaba frenar la fuga de capitales y evitar un colapso total del sistema financiero, ya que los bancos estaban perdiendo reservas de manera alarmante. Sin embargo, lejos de calmar la situación, el "corralito" generó una oleada de indignación y descontento, ya que millones de ciudadanos perdieron acceso a sus ahorros, viéndose forzados a operar mediante transferencias bancarias en un sistema económico que dependía fuertemente del efectivo.

La devaluación del peso fue una de las consecuencias más visibles y devastadoras. Tras el colapso del modelo de convertibilidad, la paridad fija se abandonó en enero de 2002, y el peso comenzó a flotar, depreciándose rápidamente frente al dólar y al euro. En pocos meses, la moneda perdió más del 70% de su valor, hundiendo el poder adquisitivo de los argentinos y llevando a un aumento exponencial de la pobreza. Los precios de bienes básicos se dispararon, los salarios quedaron pulverizados y las importaciones se encarecieron drásticamente. Esta devaluación también golpeó a aquellos que habían contraído deudas en dólares, una práctica común durante la década de los noventa.

Las consecuencias sociales del "corralito" fueron inmensas. En un país ya marcado por desigualdades, el empobrecimiento se extendió rápidamente, y la clase media, históricamente sólida, quedó gravemente afectada. Las tasas de desempleo alcanzaron niveles alarmantes, y miles de empresas cerraron sus puertas. En las calles, las protestas masivas se sucedieron durante semanas, culminando en los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando manifestaciones en todo el país se enfrentaron con una violenta represión policial. Más de 30 personas murieron en esos días, incluyendo manifestantes y transeúntes. En este clima de caos, Fernando de la Rúa presentó su renuncia, dejando el poder en medio de un vacío institucional que se prolongó durante semanas con una sucesión de presidentes interinos.

La fuga de población fue otra de las trágicas consecuencias del "corralito". Miles de argentinos emigraron en busca de un futuro mejor, principalmente hacia España e Italia, aprovechando vínculos culturales y familiares. Este éxodo se había iniciado años antes, en los primeros síntomas de la crisis, pero se intensificó de manera dramática tras la imposición del "corralito". Los que se quedaron enfrentaron años de reconstrucción económica y social, con profundas heridas que aún son visibles en la sociedad argentina.

En cuanto a las responsabilidades penales, el "corralito" dejó una sensación de impunidad. Domingo Cavallo fue procesado por varias causas relacionadas con la crisis, pero no cumplió condena efectiva. En general, los responsables políticos y económicos de las políticas que llevaron al colapso lograron evadir consecuencias legales significativas, lo que alimentó la percepción de una justicia débil y desigual en el país. La ciudadanía todavía guarda un amargo recuerdo de esos años, no solo por las pérdidas económicas, sino también por la sensación de traición por parte de un sistema político y financiero que no supo proteger a la población.