Maduro quiere privatizar 500 empresas públicas: el cambio de rumbo en la economía venezolana

En un cambio notable respecto a las políticas estatistas del chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado un proceso de privatización que abarca entre 500 y 600 empresas públicas. Este giro busca mitigar el impacto fiscal del colapso económico que ha afectado al país durante la última década. Sin embargo, la falta de transparencia, las dificultades económicas y las limitaciones del mercado interno plantean desafíos significativos para el éxito de esta estrategia.

Según Luigi Pisella, presidente de Conindustria, 350 empresas están listas para ser transferidas a inversionistas, principalmente nacionales. Las modalidades incluyen ventas directas y alianzas público-privadas, en las que el sector privado asumirá la gestión integral de las empresas. Este modelo, denominado "modelo Venezuela", pretende emular parcialmente el esquema de gestión de Chevron en el sector petrolero.

En paralelo, se están impulsando proyectos estratégicos, como la ampliación de la Siderúrgica en Guayana, que elevaría su capacidad a 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero. Además, se ha mostrado interés en incluir inversionistas en proyectos petroleros y gasíferos, según declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Un cambio económico forzado

El contexto económico del país ha sido determinante para este giro en las políticas de Maduro. Venezuela, que en 2013 tenía un PIB per cápita de 12.000 USD, lo vio caer a 2.000 USD en 2021, con una leve recuperación a 3.000 USD en 2024. La contracción económica, la hiperinflación y las sanciones internacionales han limitado severamente los ingresos estatales. Ante esta situación, el gobierno ha flexibilizado controles económicos y permitido la dolarización, pero esto no ha sido suficiente para garantizar estabilidad.

Uno de los aspectos más criticados de este proceso es la falta de transparencia. No se ha publicado una lista oficial de las empresas a privatizar, ni se conocen los balances auditados ni la valoración de estas. Adicionalmente, la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020, permite la privatización y la formación de alianzas con el sector privado bajo un manto de confidencialidad, lo que ha generado desconfianza en diversos sectores.

Algunas empresas estatizadas en la era de Chávez han sido devueltas a sus antiguos dueños bajo condiciones de bajo perfil, mientras que otros han rechazado la restitución debido al deterioro de las instalaciones y las deudas acumuladas.

La migración de 7 millones de venezolanos y el empobrecimiento general de la población han reducido la demanda interna, afectando incluso al sector manufacturero privado, que actualmente opera al 43,8% de su capacidad instalada. La debilidad del mercado limita el potencial de éxito de las privatizaciones, especialmente en empresas que dependen de la demanda local.

La privatización en Venezuela tiene paralelismos con procesos similares, como el de la Rusia de Boris Yeltsin, donde los principales beneficiarios fueron grupos cercanos al gobierno. La escasez de capital, las sanciones internacionales y el bajo precio del petróleo complican aún más el panorama.

Aunque el gobierno busca reactivar sectores clave y aumentar los ingresos estatales, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad para superar las barreras económicas y construir confianza en un proceso marcado por la opacidad.