Estados Unidos se revuelve contra los aranceles de Trump: crece la tensión judicial y política

La batalla por el rumbo económico de Estados Unidos se ha trasladado a los tribunales. Doce estados del país han interpuesto una demanda conjunta contra la Administración de Donald Trump, alegando que sus políticas arancelarias han violado la Constitución al apropiarse de competencias que, según establecen las leyes federales, corresponden exclusivamente al Congreso.

La denuncia fue presentada esta semana ante el Tribunal de Comercio Internacional, un organismo clave en las disputas sobre comercio exterior. La acción judicial está liderada por los fiscales generales de Arizona y Oregón, Kris Mayes y Dan Rayeld, quienes acusan al expresidente de haber generado un “clima de caos económico” con medidas unilaterales que, argumentan, han provocado inestabilidad en sectores clave de la industria y el comercio.

Aranceles bajo una "emergencia" cuestionada

El punto central de la disputa gira en torno a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una normativa de 1977 que permite al presidente tomar decisiones excepcionales en materia económica si el país se encuentra bajo una amenaza grave. Trump recurrió a esta ley para justificar la imposición de aranceles a bienes importados, alegando que existía una "emergencia nacional".

Sin embargo, según argumentan los fiscales estatales, las amenazas señaladas por Trump —como el déficit comercial o el flujo de drogas y migración ilegal— no cumplen con los criterios legales para ser consideradas emergencias, ni son extraordinarias, ni siquiera inusuales. Desde su perspectiva, el expresidente utilizó esta legislación como un "atajo" para aplicar su agenda proteccionista sin supervisión legislativa.

¿Un precedente peligroso?

Para los demandantes, permitir que un presidente imponga aranceles sin el aval del Congreso representa un grave peligro para el sistema democrático estadounidense. "El presidente ha distorsionado el orden constitucional y se ha arrogado poderes que no le corresponden", denuncian en el escrito legal.

Este movimiento se suma a otras acciones similares impulsadas recientemente por empresas afectadas por los aranceles y organizaciones de derechos civiles, lo que pone de manifiesto una creciente oposición a las medidas comerciales impulsadas durante el mandato de Trump.

La respuesta de la Casa Blanca

La reacción desde Washington no se ha hecho esperar. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, ha desestimado la demanda calificándola de “cacería de brujas” impulsada por intereses partidistas. Según Desai, las decisiones tomadas por la Administración Trump se enmarcan dentro del compromiso del expresidente por proteger los intereses estratégicos del país ante lo que considera amenazas reales como el tráfico de fentanilo, la inmigración irregular y el desequilibrio comercial.

“El presidente Trump actuó conforme a la ley para defender a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses”, ha declarado Desai, quien aseguró que la Casa Blanca utilizará todos los recursos legales disponibles para defender su autoridad.

En juego: el equilibrio entre poderes y el modelo económico

Este conflicto legal va más allá de una simple disputa comercial. Toca fibras sensibles del equilibrio institucional y pone en debate el rol que debe desempeñar la Casa Blanca en la economía global. Para los críticos, lo que está en juego es la línea que separa la acción ejecutiva legítima del autoritarismo económico.

El resultado de esta demanda podría sentar un precedente clave para futuras administraciones, no solo respecto a la política de aranceles, sino en torno al alcance del poder presidencial en tiempos de crisis económica.

Mientras tanto, el país sigue atento a una disputa judicial que podría redefinir el marco legal del comercio exterior en Estados Unidos y abrir una nueva etapa en el debate sobre cómo deben resolverse los desequilibrios económicos sin poner en riesgo las bases del sistema democrático.