El Supremo de Brasil dicta sentencia: detención inmediata del expresidente Collor por corrupción

Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil y figura política de peso durante décadas, deberá cumplir de forma inmediata una condena de ocho años y diez meses de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Así lo ha decidido este jueves el Tribunal Supremo de Brasil, tras rechazar el último recurso presentado por su defensa.

La decisión ha sido adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó que el recurso tenía un carácter meramente dilatorio y no aportaba fundamentos jurídicos suficientes para reabrir el caso. “La manifiesta inadmisibilidad de los embargos confirma su propósito de retrasar el proceso, lo que autoriza la certificación de cosa juzgada y la ejecución inmediata de la sentencia”, indica la resolución judicial.

Un intermediario con comisiones millonarias

Collor, que ocupó la presidencia entre 1990 y 1992 y posteriormente fue senador entre 2007 y 2023, fue condenado en 2023 por su implicación en el esquema de corrupción conocido como Lava Jato. Según la sentencia, durante su etapa como senador habría utilizado su influencia para favorecer contratos entre BR Distribuidora —filial de Petrobras— y la constructora UTC, a cambio de sobornos que, según la Fiscalía, ascendieron a 20 millones de reales brasileños (alrededor de 3,7 millones de euros al cambio actual).

Tras la decisión del juez, se ha solicitado al presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, que convoque una audiencia de validación este viernes 25 de abril. De confirmarse en ese encuentro, la orden de prisión será ejecutada sin dilación.

Por su parte, la defensa del exmandatario ha reaccionado con desconcierto. En un comunicado, ha manifestado su “sorpresa y preocupación” por la rapidez con la que se ha rechazado su recurso, asegurando que Collor se presentará voluntariamente para cumplir con la condena.

Este nuevo capítulo judicial marca un momento clave en la historia reciente de Brasil, al reafirmar el compromiso de sus instituciones con la lucha contra la corrupción, incluso cuando los implicados ocupan o han ocupado las más altas esferas del poder.