Investigan un presunto traslado irregular de residuos entre dos vertederos de Seva

Un juzgado de Vic está investigando a Josep Maria Tost, exdirector de la Agència de Residus de Catalunya, por la posible autorización de un traslado irregular de residuos entre los vertederos de Pinós y Fitó, ubicados en Seva. 

Según ha avanzado El País, la causa también incluye a la empresa mixta que gestiona los vertederos, en la que el Ayuntamiento de Seva posee un 20% de participación, así como a los dos máximos responsables de la empresa explotadora. La investigación se centra en posibles delitos ambientales y de organización criminal.

Los vecinos de la zona llevaban años denunciando que se trasladaban materiales peligrosos más allá de escombros, lo que representaba un riesgo ambiental. Ante estas denuncias, la justicia ordenó un registro en el vertedero de Fitó, el único aún operativo, y en un local en Aiguafreda, ejecutado por el Seprona de la Guardia Civil. La investigación incluye intervenciones telefónicas y sigue en curso.

Seva cuenta con dos antiguas canteras: Fitó, aún activa, y Pinós, que fue rellenada con residuos desde 2003. La actividad en Pinós generó molestias por el tráfico de camiones y los malos olores. En 2017, la empresa propuso instalar allí un centro de reciclaje, lo que motivó a los vecinos a crear la plataforma Stop Pedreres Osona Sud para expresar su oposición, reclamando la restauración de la cantera para uso recreativo, no para actividades industriales.

A lo largo de los años, surgieron irregularidades, como abultamientos en la carretera C-17 junto a la cantera de Pinós. Los informes técnicos revelaron que la montaña de residuos se desplazaba unos dos centímetros al mes, poniendo en peligro la zona. La Generalitat ordenó vaciar parcialmente el vertedero de Pinós y trasladar los materiales a Fitó, lo cual fue finalmente descartado por oposición vecinal.

En 2020, durante la tormenta Glòria, se detectaron infiltraciones de residuos contaminantes desde Fitó, lo que provocó mareos en los trabajadores y llevó al Seprona a confirmar la presencia de residuos peligrosos en un arroyo cercano. Los vecinos sintieron que esto corroboraba sus denuncias, evidenciando que el vertedero no contenía solo escombros, sino también materiales peligrosos.

Ahora, la decisión del juzgado de investigar el caso ha dado esperanza a los vecinos, quienes consideran que las autoridades y la justicia han sido lentas en responder. “Ha sido frustrante y agotador”, expresa un vecino afectado, criticando la lentitud administrativa en un proceso que, a su parecer, hace tiempo debió haber mostrado avances significativos.