Más de 50 ayuntamientos engañados por una red de maltrato animal en Barcelona

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Barcelona investiga una organización criminal que gestionaba animales abandonados en el área metropolitana de la ciudad y que operaba con graves irregularidades. Entre las acusaciones se encuentran el maltrato animal, el sacrificio injustificado de mascotas y el tratamiento clandestino de cadáveres, utilizando una incineradora para encubrir las pruebas de sus actividades ilícitas.

La investigación implica a siete personas y cinco empresas, incluidas dos residencias caninas que, según las autoridades, estaban dirigidas por los mismos responsables. En una de estas instalaciones se descubrió una incineradora autorizada para procesar cadáveres de animales, aunque se sospecha que también se utilizaba para eliminar pruebas relacionadas con sacrificios ilegales y presuntos casos de maltrato animal.

Más de 50 municipios implicados en los contratos

La trama tenía contratos con más de 50 ayuntamientos, quienes desconocían las irregularidades cometidas. Según los investigadores, la red se lucraba gestionando animales abandonados y los residuos derivados de su actividad, mientras ocultaban pruebas de sus crímenes.

Las irregularidades salieron a la luz tras numerosas denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles malos tratos y fallos en la gestión de los cadáveres. Estas denuncias llevaron al descubrimiento de un almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave industrial y de falsificaciones documentales destinadas a encubrir su actividad.

Prácticas criminales y confesiones ante el juez

De los siete implicados, cinco ya han comparecido ante el juez y han reconocido las malas prácticas, incluyendo sacrificios injustificados y el mantenimiento de animales en condiciones deplorables. La Guardia Civil ha señalado que estas actividades forman parte de un esquema de organización criminal, lo que agrava las acusaciones de maltrato animal, falsedad documental y delitos contra los recursos naturales.

Además, se ha determinado que la destrucción de cuerpos en la incineradora no cumplía con los protocolos de trazabilidad exigidos por la normativa. Esto refuerza las sospechas de que se utilizaba para borrar pruebas de los sacrificios y maltratos realizados en las instalaciones.

Alarma entre los ciudadanos y las autoridades

La noticia ha generado una gran indignación entre los defensores de los animales y los vecinos de los municipios implicados. Organizaciones animalistas y colectivos locales exigen responsabilidades tanto a los gestores de las residencias como a los ayuntamientos que contrataron sus servicios sin comprobar las condiciones en las que operaban.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa recopilando pruebas para avanzar en el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.