La legislatura en el alero

Decía Winston Churchill que “un gobierno puede perder todas las votaciones menos una, la de los presupuestos”. Quizás Pedro Sánchez y su equipo económico tuvieron en cuenta esa frase del político británico cuando el pasado mes de marzo el, entonces, president de la Generalitat, Pere Aragonés, disolvió el Parlament y convocó elecciones para el 12 de mayo. La celebración de las elecciones a la Cámara catalana y pocas semanas después al Parlamento europeo, (en concreto, el 9 de junio), hacían prever una etapa de cierta inestabilidad política. Ante esa situación, el Ejecutivo consideró oportuno no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su tramitación y funcionar a lo largo de todo el año 2024 con las cuentas de 2023 prorrogadas. Imaginaban que tras los cómicos el ambiente se relajaría y sería más factible llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con los independentistas catalanes. 

Sin embargo, aquel ciclo electoral ya es historia y la situación política no ha mejorado, más bien al contrario. Los motivos son variados, pero diversas cuestiones han incidido de forma nada positiva en la unidad del bloque de la investidura que se ha resquebrajado de forma evidente.

Esa fragmentación tiene su origen en la idiosincrasia de los distintos grupos que la conforman, muy heterogéneos entre sí. Pero no cabe duda de que el sistema de financiación singular para Catalunya está levantando recelos, y no solo entre los barones del PP, también entre los del PSOE y entre los diputados de la mayoría.  No hace falta hurgar mucho para comprobarlo; hace unos días, Joan Baldoví de Compromís ya advirtió que no dará soporte al Gobierno si no hay una mejora sustancial a la financiación de la Comunidad de Valencia y ese posicionamiento parece lógico que sea compartido por otros grupos de la mayoría. 

A finales de julio, cuando se estaba a punto de consultar a las bases de ERC, sobre la posible investidura de Salvador Illa, como president de la Generalitat, Junts unió sus votos a los del PP y Vox para no apoyar la senda de déficit presentada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. De esa forma, impedía que el Ejecutivo pusiera en marcha los mecanismos para aprobar los Presupuestos del próximo año. El portavoz parlamentario de Junts, Josep María Cruset, justificó su posicionamiento por la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña y explicó que el Gobierno no podrá contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los PGE hasta que esta situación se revierta.

En mi opinión, ese voto en contra tuvo mucho más que ver con el monumental enfado que arrastraban los “junteros” ante la posibilidad de que un socialista alcanzase la presidencia de la Generalitat, y ellos se quedaran a dos velas, que con cualquier otra consideración. 

Esa contrariedad forzó al equipo económico del Gobierno a retirar sus números y rehacerlos para presentarlos, de nuevo, en este inicio de curso. Sin embargo, ante la compleja situación que estamos viviendo, en el Gobierno gana fuerza la posibilidad de prorrogar los PGE por segundo año consecutivo; al menos por unos meses. La intención de María Jesús Montero era lograr su aprobación en tiempo y forma, pero los planes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda corren el riego de naufragar por los procesos internos que están viviendo tanto ERC como Junts, además de la desconfianza que genera en otras formaciones la financiación para Catalunya.

Los independentistas catalanes siguen teniendo la llave de la gobernabilidad. No obstante, los republicanos harían bien en recordar que solo con el PSOE en el poder existen posibilidades reales de que los pactos económicos alcanzados entre el PSC y ERC se hagan realidad. Por lo que respecta a los de Puigdemont, ahora mismo, son un partido desnortado, que no ha logrado ninguno de los objetivos que se había marcado en los últimos tiempos (ni amnistía para su líder, ni volver a la presidencia de Generalitat y ni, tan siquiera, repetición electoral), apenas tienen responsabilidad institucional y están intentando decidir hacia dónde quieren ir, pero para eso necesitan tiempo. Tiempo, justo lo que al Gobierno central no le sobra para tener los PGE antes de que acabe el año. 

Es evidente que la legislatura está en el alero y pende de un hilo. No son pocas ni fáciles de resolver las carpetas que tiene abiertas el Ejecutivo, pero, sin duda alguna, la de los PGE es la más determinante. En cualquier momento, una formación de la mayoría (independentista o no) puede decidir poner punto final al proyecto de transformación social que impulsa el Gobierno y mandarlo todo a Norris. Ahora bien, sugiero a los profetas de la catástrofe que se relajen y esperen sentados porque, con frecuencia, la política tiene giros inesperados, por tanto, es muy posible que este mandato se agote y conviene evitar frustraciones innecesarias.