Luces y sombras en el sistema de financiación singular para Catalunya

El pacto alcanzado por PSC y ERC para mejorar la financiación para Catalunya ha abierto la caja de los truenos. Para algunos (socialistas catalanes, protosocialistas y afines) es el logro de una vieja aspiración, otros lo miran con escepticismo, y para no pocos rompe el principio de solidaridad, quiebra la justicia social y la igualdad territorial. Sin olvidar al PP y a VOX, porque para ellos es un robo a todos los españoles, es inconstitucional y casi, casi, un crimen de lesa humanidad.

Existen palabras y/o expresiones que asustan, y "concierto económico", a según quién, le produce algo así como repulsión, por las concomitancias que tiene con la insolidaridad. Por lo tanto, esquivemos los debates nominales o semánticos y vayamos al meollo de la cuestión.

Estamos ante un tema sumamente complejo y, hasta el momento, las explicaciones dadas han sido más bien escasas y sin ir al fondo del asunto. Pero una cosa está clara: los recursos son finitos y, por consiguiente, lo que se dé en un sitio se dejará de dar en otro, a no ser que se tenga previsto algo así como la multiplicación de los panes y los peces, en versión 5G.

El acuerdo alcanzado entre socialistas catalanes y republicanos diseña una financiación para Catalunya muy similar a la del sistema foral. La idea es que la Agencia Tributaria catalana gestione, lo más pronto posible, todos los impuestos. Para no pocos expertos, ese sistema será una anomalía en el ámbito internacional, restará recursos al conjunto del país y puede quebrar el equilibrio territorial.

En opinión del catedrático de Economía Aplicada y presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Javier Ruiz-Huerta, “un eventual concierto económico sería inviable económicamente porque no se podrían mantener los estándares del territorio”. Pero, según el director ejecutivo del centro de análisis FEDEA, uno de los mayores expertos en financiación, Ángel de la Fuente, “Ahora se recaudan en Catalunya unos 55.000 millones de euros y la mitad va al Estado. Para que el Estado no pierda poder recaudatorio, la suma del cupo más la cuota de solidaridad debería alcanzar ese 50%, sin renunciar a los 2.000 millones que Catalunya aporta al sistema de financiación de las CCAA. De otra manera, habrá menos dinero para todos en el conjunto del país”.

No sería de extrañar que, con este nuevo modelo, otras comunidades que son aportadoras netas al sistema, como es el caso de Madrid o Baleares, quieran también gozar de las mismas condiciones que Catalunya, y eso haría aún más profunda la brecha entre comunidades ricas y comunidades pobres.

Sostienen algunos entendidos que ese sistema de financiación singular obligaría a modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que, si ese modelo no se extiende al resto de comunidades del régimen común, estaríamos ante un caso flagrante de inconstitucionalidad, porque se vulnera el artículo 139 de la Constitución, según el cual “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Pero, si se generaliza, el Gobierno podría acabar sin capacidad económica para desarrollar iniciativas que conlleven un gasto de cierta magnitud.

El debate está servido. Habrá que esperar al texto definitivo para que nos podamos forjar una idea ajustada de lo acordado. Con todo, conviene no olvidar que el pacto alcanzado por PSC y ERC tiene su origen en el sistema de financiación que se incluyó en el Estatut de 2006 y que fue acordado por PSC, CiU, ERC e IC-EUiA, “cepillado” en el Congreso de Diputados, votado favorablemente por la ciudadanía de Catalunya en referéndum, y validado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2010.

Estamos ante un tema poliédrico, con muchas luces y sombras, que permite muchas lecturas. Yo me he limitado a dejar algunos apuntes sobre el tapete para favorecer la reflexión. Pero, con toda seguridad, lo volveremos a tratar. Ocasiones y motivos seguro que los vamos a tener.