Cuestiones básicas

No vamos bien. A pesar de que nuestra economía crece por encima de la media de las economías de la UE, tenemos una inflación más baja y más controlada que la mayoría de los países de la zona euro. Hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social, y el paro, que ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde la Transición, registra las cifras más bajas de, al menos, los últimos quince años, pero la crispación política está llegando a cotas insoportables.

Tampoco las políticas sociales, que se han puesto en práctica por el Gobierno de coalición, aunque insuficientes, son, con diferencia, las más ambiciosas de nuestra historia. Sin embargo, no han servido para apaciguar los ánimos de los negacionistas de las evidencias. Ni siquiera han sabido valorar asuntos como el salario mínimo interprofesional, que ha subido como nunca en los dos últimos años, o las pensiones, que se revalorizan por ley conforme al incremento del IPC, entre otras muchas iniciativas. No es lógico.

En las elecciones generales de 2023, los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) lograron más del 64 % de los votos emitidos. Ambas formaciones obtuvieron, con respecto a la tercera fuerza (Vox), una distancia de más de veinte puntos cada uno. Ante esta hegemonía incuestionable, no parece muy sensato que los dos partidos anden todo el tiempo a la greña. Con toda probabilidad, en esa relación sobran personalismos y se echan a faltar ganas de arrimar el hombro.

Es evidente que la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez es muy volátil y no tiene la suficiente solidez para dar al Gobierno la necesaria estabilidad para que desarrolle su agenda legislativa con sosiego y cierta holgura. Tanto es así que, en lo que llevamos de mandato, el Ejecutivo ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso, y esa circunstancia genera inquietud e incertezas. Por eso, estos días atrás, y para evitar un nuevo revolcón, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retiró del pleno la propuesta de la senda de gasto.

Ese panorama de fragilidad hace que la situación del Gobierno de coalición sea delicada y los nervios estén a flor de piel. Hace unos días, ERC y Junts ("progresistas ellos") unían sus votos a PP y Vox para reprobar al ministro Óscar Puente en el Senado por su gestión al frente de ferrocarriles. Algo que, aunque no deja de ser simbólico, da una idea del ambiente que se respira en los altos cenáculos políticos. Pero es que, de manera simultánea, desde Sumar han pedido "la dimisión o cese" de la ministra Isabel Rodríguez, y eso de simbólico no tiene nada, porque se pide desde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Mientras, en el PP se dedican a copiar el relato de la extrema derecha para arrebatarles un puñado de votos. Se podrían citar cantidad de ejemplos sobre el particular, pero el más paradigmático es el de la inmigración: los populares critican la actitud del Gobierno con la llegada de personas sin papeles, pero son incapaces no ya de hacer una propuesta, es que ni tan siquiera se sientan a negociar para buscar una solución.

Es lamentable que, con la situación sociopolítica que tenemos, sean las organizaciones más pequeñas (a las que peor les fue en las elecciones del 23J) las que estén marcando el ritmo de la política nacional. Este estado de cosas favorece que algunos políticos estén normalizando la violencia dialéctica en sus discursos, y eso da alas a los hooligans de la política, y, además, es terreno abonado para que cualquier día salga un descerebrado y cometa alguna barbaridad que luego lamentaremos todos.

Las divergencias ideológicas entre PP y PSOE son profundas, sus estrategias muy diferentes y entre ambas formaciones, a lo largo de los años, se han ido abriendo muchas heridas que serán muy difíciles de restañar. No obstante, existe un mínimo denominador común compuesto por la calidad democrática de nuestro sistema y la convivencia, que deberían dar a las dos grandes formaciones la responsabilidad necesaria para llegar a acuerdos sobre grandes asuntos, como, en su momento, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que ahora pueden ser temas como la política exterior, la inmigración, la vivienda, la organización territorial o la transición ecológica, entre otros. Cuestiones básicas que, al fin y al cabo, por el bien común, deberían quedar fuera de la lucha partidista y ahí los dos grandes partidos harían bien remando en la misma dirección.

Hacerlo sería un símbolo de madurez y responsabilidad de nuestros dirigentes y un bálsamo para los ciudadanos.