Venezuela: la estrategia del triunfo y la ruta hacia la transición democrática

Los eventos que están ocurriendo dentro y fuera del país, pese a que la incertidumbre sigue reinando con relación al camino hacia la transición democrática, parecen indicar que lo que se viene en las próximas semanas para el régimen, pone al pueblo opositor más cerca de EL FINAL.

Y es que la confrontación mundial con el régimen venezolano está aumentando los costos de su permanencia en el poder, pese a la férrea y brutal represión interna que desató.

Al mismo tiempo que se desarrolla el componente político y la diplomacia internacional, puestas ahora en las manos expertas de Edmundo González Urrutia (EGU), se puede apreciar que la ruta hacia la transición se ha enfocado en desmontar el entramado de negocios que, pese a las sanciones, sigue proveyendo de recursos económicos al gobierno, a través de sus fuentes de financiamiento, es decir, la exportación ilegal de petróleo, la venta del “oro de sangre”, el lavado de dinero producto del saqueo al erario público, la red de negocios ilícitos y el tráfico de narcóticos.

Esta renovada “hoja de ruta opositora”, cuya primera expresión visible es el logro del reconocimiento internacional a EGU, no solo como el ganador de las elecciones del 28 de julio, sino ahora como presidente electo de Venezuela, fue calificada por la lideresa María Corina Machado (MCM), en su alocución en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Foro “Héroes de la Democracia”), como … “una estrategia de triunfo que continúa su camino inalterable”.

A lo cual agregó que, “Estamos avanzado en la dirección correcta y sabemos quiénes son nuestros aliados y nuestra estrategia…ellos (el gobierno) no van a tener estabilidad financiera en el mediano plazo…y Venezuela será libre”.

Adicionalmente, las amenazas de una posible acción paramilitar encabezada, motu proprio, por el Sr. Prince, pero a la cual se incorporaron varios grupos de “perros de la guerra”, de México y del Mossad, mantienen a los jerarcas del régimen en una situación de permanente paranoia.

La movilización de tropas venezolanas hacia la frontera con Colombia, unida al reclutamiento de guerrilleros, paramilitares y de miembros de las bandas criminales colombianas que actúan en la región, y hasta de soldados cubanos, es un buen ejemplo de ello.

A esto hay que agregar el foco que están poniendo los principales servicios mundiales de inteligencia sobre Venezuela, como respuesta a las evidencias de sus fuertes vínculos con Irán y con organizaciones terroristas como Hezbollah. 

Otro elemento novedoso de la estrategia, es la activación del principio de “Justicia Universal” que, en el caso de delitos contra los derechos humanos, habilita a los magistrados locales de cualquier país a pedir la captura del o los indiciados, tal como hizo España en 1998 contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, por manos del juez Baltazar Garzón. Esta acción, involucraría a más de 30 altos funcionarios del gobierno.

No sería de extrañar, entonces, que muy pronto ocurriera el tan esperado anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre los resultados de más de ocho años de investigación y acumulación de expedientes contra el gobierno y sus altos funcionarios, por las acusaciones de delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos cometidos.

No obstante, es en el componente de las sanciones financieras personalizadas y la ofensiva contra el narcotráfico, el tráfico de oro y los otros negocios ilícitos del gobierno, donde están ocurriendo las cosas más interesantes, provocando un estado de alarma en sus más altos niveles.

Según la información pública disponible, se han producido varias confiscaciones bancarias asociadas al régimen (unos 10 mil millones de dólares), en lugares tan variados como Suiza, España, Andorra, Luxemburgo, Norteamérica y Uganda. Esto incluye cuentas de altos militares y la lista de los próximos congelamientos supera los 400 nombres, sin contar a familiares, testaferros e intermediarios (unos 2.000).

Como ejemplo, debo destacar la reciente acción procesal por parte de un juez español contra la esposa y el socio de un directivo fallecido de la petrolera venezolana (PDVSA), por tener en España y ocultar de la Hacienda Pública, fondos procedentes de dicha compañía. 

Mientras esto ocurre, se acentúan las acciones internacionales contra el gran negocio del narcotráfico y del tráfico de oro que el régimen facilita e intermedia, y del cual se nutre.

A mediados de septiembre, la Guardia Costera de Países Bajos capturó en el mar caribe, cargamentos cercanos a las 2 toneladas de cocaína provenientes de Venezuela, que se suman a las poco más de 12 toneladas incautadas en los últimos tres meses, con la intervención de fuerzas norteamericanas e inglesas. 

También se siguen produciendo incautaciones de oro transportado en barcos y aviones venezolanos, principalmente con destino a Irán, África y países asiáticos.

Finalmente, un elemento que se suma y no ayuda al gobierno, es la gran desaceleración provocada en la economía (una contracción del 80%), especialmente a partir de lo ocurrido el 28 de julio, debido a la incertidumbre que perciben las empresas extranjeras sobre el retorno de sus inversiones, las mejoras económicas prometidas, y la inestabilidad política y jurídica.

Se anticipan, además, nuevos descensos del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación y un crecimiento de la deuda externa que se ubica ya, en 169 mil millones de dólares.

Parece pues, que “la estrategia de triunfo” en pro del logro de la transición democrática, está funcionando, y que el gobierno enfrenta desafíos para los cuales pudiera no estar preparado.

Por cierto, no hay que perder de vista que lo que está ocurriendo, dentro y fuera, está conformándose como una amenaza real que comienza a ser percibida por el régimen. 

Esto podría abrir la puerta para un diálogo negociador a favor de una salida pacífica a la crisis política creada por el desconocimiento de la voluntad popular.