Las excusas del Rey

Hemos dejado que atemperase sus decibelios la polémica suscitada por la exigencia de los presidentes saliente y entrante de los Estados Unidos Mejicanos de que el rey de España presentara disculpas por los excesos cometidos durante la conquista y colonización de su país. Y lo hemos hecho aposta porque pensamos, y el tiempo nos ha demostrado que no estábamos equivocados, que tal exigencia habría de encontrar respuesta adecuada. Por parte del gobierno español, con la muy digna actitud de inhibirse en los fastos de la ceremonia de transferencia de poderes y, habida cuenta que no había sido invitada la persona que representa a nuestro país, de no enviar a nadie que le sustituyese o suplantara. Pero sobre todo por parte de los expertos, principalmente los historiadores, que han puestos los puntos sobre las íes y han recordado hechos fuera de toda discusión: que puestos a pedir excusas quien realmente debería hacerlo sería Estados Unidos que se apropió por la fuerza a lo largo del siglo XIX de la mitad del territorio de Méjico, que los posibles excesos no fueron responsabilidad de la corona, quien siempre manifestó su protección sobre los ”indios”, es decir, la población autóctona, y que de haberlos fueron obra de los encomenderos, que si se cometieron genocidios deliberados no ocurrieron durante la etapa colonial, sino tras la emancipación y a cargo de los criollos, cuyos herederos son los que hoy llevan sus apellidos y ocupan la casi totalidad de poderes en aquellos los estados. Y eso por citar solo unos ejemplos.

Pero hay una cuestión que nadie se ha molestado en poner adecuadamente de relieve. En una monarquía parlamentaria como la española ¿debe ser el monarca quien exprese cualquier tipo de opinión? Existen dos casos en que así ha sido. El primero fue la intervención de Don Juan Carlos I con motivo del intento de golpe de Estado del 23-F cuando el rey compareció públicamente para desautorizarlo y exigir la recuperación inmediata de la normalidad constitucional. Fue ciertamente una ocasión excepcional en la que el jefe del Estado tuvo que actuar por propia iniciativa puesto que el gobierno permanecía cautivo en un congreso en manos de la fuerza insurrecta, y además todo ocurrió en momentos en que en España empezaba al rodaje de una mecánica constitucional cuyos detalles habrían de irse perfilando en años sucesivos.

El segundo caso fue cuando don Felipe VI compareció públicamente para expresar la repulsa que merecía el intento de quiebra del orden constitucional que suponía la convocatoria en Catalunya de un referéndum ilegal de carácter separatista. Debo decir que tengo una opinión más matizada sobre esta segunda intervención. No sobre su oportunidad, ni sobre su contenido, que me parecieron irreprochables y necesarios. Pero sí sobre la pertinencia de que lo expresara el jefe del Estado y no el presidente del Gobierno. En todo caso y si hubiese sido el gobierno en ejercicio el que considerase que el asunto merecía ser manifestado con la voz del monarca, debería haber quedado meridianamente claro que era esto lo que exactamente estaba ocurriendo y que no se trataba de una iniciativa de aquél, aún conocida y aceptada por el gobierno. Establecer con claridad estos parámetros habrían evitado las actitudes de flagrante descortesía ejercidas para con el jefe del Estado de forma reiterada por ciertas autoridades locales catalanas. 

López Obrador y Sheinbaum deben desconocer que un sistema constitucional de monarquía parlamentaria la opinión del rey es la de su gobierno en ejercicio. Aplicando este principio al caso que nos ocupa, si alguien tiene que presentar excusas por algo en nombre de España -lo que como hemos visto no parece ser el caso en el asunto referido a Méjico- debe ser el gobierno y no el jefe del Estado, aunque aquél considere oportuno hacerlo a través de la voz del este último. Dicho de otro modo: que al margen de la muy discutible pertinencia de las excusas exigidas, han errado el tiro de a quién hubiera correspondido llevar la iniciativa de darlas.