Cuando lo has perdido todo

Más pronto que tarde, el interés mediático generado por la tremenda tragedia que en Valencia y Castilla-La Mancha ocasionó una inmensa dana, irá perdiendo intensidad.  Llegará un momento en que los focos se apaguen y los reporteros que han cubierto la información, a menudo, con barro hasta las rodillas, volverán a sus cuarteles de invierno, pero la cruda realidad seguirá ahí: dos centenares largos de vidas perdidas, un número indeterminado de desaparecidos y unas pérdidas materiales incalculables. En medio de todo eso, decenas de miles de personas se han quedado sin nada y tendrán que volver a empezar. 

El ser humano es extremadamente frágil y la naturaleza tiene giros imprevisibles, si a eso añadimos la falta de previsión, un cierto nihilismo político, errores en cadena e incapacidad manifiesta para afrontar una situación muy delicada y compleja, la tormenta perfecta está servida. 

Quizás no sea posible señalar culpables directos por la falta de previsión a la hora de diseñar las infraestructuras y desarrollar un urbanismo totalmente arbitrario que han hecho posible que las aguas se desmadraran. Sin embargo, sí hay responsables políticos que, como se va sabiendo, no actuaron con la diligencia y eficiencia que cabía esperar. 

El 29 de octubre, mientras las inundaciones ya afectaban gravemente a la comunidad valenciana, el presidente Mazón comía en un conocido restaurante ubicado en el centro de Valencia y se incorporaba a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada a las 19:30, es decir, una hora y media después de la convocatoria. Expertos en estas cuestiones consideran que la llegada tardía del presidente y la falta de experiencia de su equipo retrasaron decisiones claves, como la emisión de alertas a la población. 

Por otra parte, hemos sabido que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estuvo reunida con su equipo de crisis desde primeras horas de la mañana del fatídico 29 de octubre. Ante la crecida del río Magro a su paso por Utiel y de las previsiones de tormentas torrenciales, Bernabé informó a la consejera autonómica de Justicia e Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, hasta en tres ocasiones, de la gravedad de la situación y le indicó que le podía pedir todos los medios que considerara necesarios. Sin embargo, la consejera hizo oídos sordos, hasta que, finalmente, la Generalitat pidió la intervención de la UME.  Días después, la consejera ha asegurado que no conocía la existencia del sistema ES-Alert —que permite a las autoridades enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una determinada zona de cobertura—. Por eso, la ciudadanía no recibió ningún aviso hasta que las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados por la dana. 

Con toda seguridad, en esta ocasión, nadie está libre de pecado. Nunca sabremos, con certeza, si la decisión del presidente del Gobierno de no decretar la emergencia nacional fue un acierto o no. Pero está claro que, de haber decretado esa emergencia, no hubiesen faltado los carroñeros de la política acusando al Ejecutivo de aplicar un 155 encubierto por ser Valencia una autonomía gobernada por el PP. En realidad, aquí subyace una cuestión que es: ¿Esto del Estado de las autonomías y la descentralización nos lo creemos o es solo una milonga para tener entretenido al personal y cuando pintan bastos que sea papá Estado quién se coma el marrón? 

Lo que no se puede negar es que Sánchez, desde el minuto uno, se puso a disposición de Mazón y el 5 de noviembre aprobaba un Decreto Ley por un importe de 10.600 millones de euros para poner en práctica un Plan de Respuesta Inmediata para atender las necesidades más urgentes de la población y restaurar el orden. Más adelante vendrá una Fase de Reconstrucción y posteriormente una Fase de Relanzamiento. También se ha pedido la colaboración de la Unión Europea. 

Todo eso no significa que Sánchez o el Ejecutivo no hayan cometido errores. Los ha habido, por ejemplo, ir el domingo, día 3 de noviembre, con los reyes a la primera línea de la tragedia. Eran momentos para arrimar el hombro, dejar trabajar y no enredar (claro que si no hubiesen ido, también se les hubiera criticado por no ir). Sin embargo eso les vino que ni pintado a los descerebrados de la derecha extrema para montar el barullo. La indignación de los que lo han perdido todo es perfectamente comprensible, como también lo es que el pasado sábado las calles de Valencia se llenaran de gente pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón y su Consell. Pero es inadmisible el  estallido de violencia verbal y física promovida por aquellos que aprovechan el dolor ajeno para alimentar una estrategia de populismo contra el Estado de derecho.

En estos días llenos de angustia, miedo y dolor hemos visto lo peor y lo mejor del ser humano. Miles de personas con escobas, mochos o palas caminando para ir a ayudar a gentes que no conocían.  Personas y entidades de toda índole que están donando y/o recogiendo alimentos, productos de higiene personal y material de limpieza para hacerlo llegar al lugar de los damnificados. Pero también hemos sabido de un puñado de sinvergüenzas que se han dedicado al pillaje y desalmados que, haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja, iban de casas en casa pidiendo dinero. 

Estamos ante una tragedia de dimensiones estratosféricas. La respuesta de la ciudadanía ha sido y está siendo extraordinaria, pero no podemos decir lo mismo de la respuesta institucional. Por lo tanto, hemos de exigir que nuestros gobernantes, todos sin excepción, estén a la altura de las circunstancias o que se vayan a sus casas. Por compromiso cívico y solidaridad con nuestros conciudadanos, no deberíamos dejar pasar ni una, estar pendientes para que quien la haga que la pague y, sobre todo, no dejar de apoyar a nuestros vecinos de Levante hasta que recuperen la normalidad. Si es que eso es posible.