Frente a los riesgos de las criptomonedas: legislación y supervisión

El viernes 14 de febrero se desató en Argentina uno de los mayores escándalos recientes relacionados con el mundo de las criptodivisas. El lanzamiento de un nuevo activo digital denominado $Libra fue promovido en redes sociales por el presidente Javier Milei, lo que llevó a miles de personas a invertir en él. Su valor creció exponencialmente en minutos, para poco después desplomarse hasta no valer nada. Se calcula que más de 40.000 personas vieron desaparecer su dinero en un abrir y cerrar de ojos.

Independientemente de si ha sido un caso de estafa flagrante o, como defienden los responsables, “un experimento que salió mal”, lo cierto es que este tipo de sucesos deberían ponernos sobre aviso acerca de los peligros que entrañan los productos y servicios fintech. En primer lugar, su carácter innovador y novedoso muchas veces impide prever los efectos perniciosos que pueden traer consigo en los mercados. En segundo lugar, suelen tener un nivel de complejidad que los hace muy difíciles de entender para el público no experto, que puede verse atraído por una lucrativa inversión sin conocer los riesgos que implica.

A menudo, y desde otras áreas geográficas, se tacha a Europa de hiperregulada y de bloquear normativamente el libre discurrir del mercado. Sin embargo, lo cierto es que las autoridades comunitarias están promoviendo una transformación digital basada en la ética y en la defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, para que estos no se vean vulnerados por un avance tecnológico que sucede a una velocidad vertiginosa. En este contexto, en el campo de los criptoactivos, la Comisión Europea ha desarrollado el Reglamento del Mercado de Criptoactivos (Markets in Crypto Assets o ‘MiCA’), que persigue la creación de un marco normativo común tanto para los bienes considerados criptoactivos como para los proveedores de servicios relacionados.

Aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2023, MiCA entró en vigor en diciembre de 2024. Se trata de un paraguas legal para los 27 Estados miembros, de modo que cualquier operador de criptoactivos que quiera actuar en la UE ya no tiene que someterse más que a una única regulación, y no a la de cada uno de los distintos países, como ocurría anteriormente. MiCA está diseñado para proteger a los inversores contra la manipulación de los mercados y la estafa, así como para prevenir y reducir el mal uso de los criptoactivos.

Por otro lado, España fue pionera en la creación de un sandbox regulatorio fintech en 2021. Se trata de un espacio controlado donde se permite probar proyectos financieros innovadores de base tecnológica en el mercado real, como puede ser el lanzamiento de una nueva criptodivisa. Así, con consumidores reales, se testan proyectos bajo el control y supervisión de la autoridad competente y cumpliendo con requisitos específicos. El objetivo de esta iniciativa es permitir a los potenciales participantes de base tecnológica testar sus productos o servicios, garantizando la estabilidad de los mercados y la protección de los consumidores finales.

La figura del sandbox regulatorio se observa como una solución para adaptar la regulación al rápido avance de los proyectos innovadores en el mercado. Busca proveer a las autoridades supervisoras competentes el control y la información necesarios sobre el funcionamiento de estos nuevos modelos de negocio tecnológicos, aplicando el principio de proporcionalidad.

El sandbox es una herramienta muy en boga en temas de innovación digital. De hecho, a finales de 2024, el Ministerio para la Transformación Digital lanzó la primera convocatoria de un nuevo sandbox para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.