La quita de la deuda autonómica y el maniqueísmo político

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado, por parte de las CCAA, se puso en práctica en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatible con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron unos 417.240 millones a las arcas regionales. Catalunya es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

La deuda de las comunidades autónomas anda sobre los 325.000 millones de euros. La mayor parte de ese pasivo está en manos del Estado que es el principal acreedor de los gobiernos regionales. Tiene en su poder un 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 200,000 millones. Catalunya, Valencia y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de este importe, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías a partir de la crisis financiera de 2008. Ahora, el Gobierno ha decidido abrir el melón y buscar una solución a ese lastre en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómico. Sin embargo, un vez más, el tacticismo político es posible que se imponga al sentido común.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda convocó para el pasado 26 de febrero el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso en la reunión que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado. 

El objetivo de esta propuesta, que había sido remitida con anterioridad a las comunidades autónomas, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que quiere implementar el apoyo que recibieron del Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania. Con esa quita se podrán destinar a servicios sociales lo que ahora se reserva para pagar los intereses de la deuda. 

Ahora, el Gobierno ha propuesto extender la quita que ha pactado con ERC para Catalunya a todas las comunidades y eso ha puesto en un brete a los barones del PP y es que algunos dirigentes autonómicos populares admiten en privado que, si esa iniciativa se confirma, será difícil negarse. 

Ante el riesgo de que la unidad de los populares pudiese resquebrajarse en la reunión (CFF) decidieron echar mano del más burdo maniqueísmo político; todos los consejeros del PP montaron un paripé y abandonaron el encuentro una hora después de su inicio.  “No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo”, dijo a la salida la titular de Hacienda andaluza, Carolina España, que compareció ante la prensa con el resto de consejeros de su partido; aunque a preguntas de los periodistas, los consejeros no descartaron aceptar la quita en sus respectivas comunidades.

El numerito montado por los populares fue un brindis al sol porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos en el órgano de coordinación fiscal y con el apoyo de Catalunya, Asturias y Castilla La Mancha, el Ministerio de Hacienda sacó adelante el acuerdo de condonación de deuda. Ahora el Ejecutivo tendrá que batir el cobre para aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso que valide esa iniciativa para ponerla en práctica.

Con todo, la cuestión de fondo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014. Sin embargo, once años después no se ha tocado ni una coma, pero con la propuesta de financiación singular, lanzada desde Catalunya quién más y quine menos aguarda expectante. El asunto es tan complejo que ni siquiera en el PP tienen una única opinión. Mientras que comunidades como Galicia o Aragón sostienen que la distribución de recursos se calcule teniendo en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, otras comunidades como Andalucía, Valencia, la Región de Murcia o Madrid, presionan para dar mayor peso a la población. Si a esta situación añadimos que existe escasa o nula voluntad para sentarse a negociar, pactar y acordar, no nos debería extrañar que, se haga alguna excepción para Catalunya, y el sistema en vigor se mantenga sine die. 

Ya lo iremos viendo pero, en cualquier caso, la bronca política está garantizada.