De vuelta a casa

Hace un par de semanas que quería haber publicado este artículo. Pero la actualidad política, tanto nacional como internacional, hizo que lo aparcase para mejor ocasión. Ahora que estamos en una calma relativa dentro de la agitación en que nos han instalado en los últimos tiempos, lo he actualizado porque me parece que ha llegado el momento de que mi escrito salga a la luz. La columna en cuestión trata un tema que nos incumbe a todos los catalanes, desde hace casi ocho años y nos seguirá incumbiendo por mucho más tiempo: la marcha de las empresas a raíz del proceso independentista.

El lunes 2 de octubre de 2017 Catalunya y buena parte de España quedaron atenazadas por el pánico bancario. En menos de tres días cientos de miles de ahorradores hicieron las gestiones necesarias para poner sus ahorros, que consideraban en peligro, a buen recaudo. Las entidades más afectadas fueron CaixaBank y el Banco de Sabadell. Los clientes más pudientes llevaban meses haciendo movimientos para proteger sus patrimonios.

A pesar de los debates que se mantuvieron en el Parlament durante el mes de septiembre, el mundo empresarial mantuvo una calma aparente. Sin embargo, el referéndum del 1-O desbordó todas las previsiones, tanto del Gobierno de Mariano Rajoy, como del propio independentismo. La posibilidad de una declaración unilateral de independencia y que Catalunya quedase fuera de la Europa política y del euro adquirió visos de verosimilitud. Esa hipotética nueva situación generó un tremendo desasosiego entre buena parte de la ciudadanía porque se habría podido forzar un corralito donde se bloqueasen los ahorros. 

En menos de 24 horas se registraron unas salidas netas de cuentas de pequeños ahorradores próximas a los 2.000 millones de euros, entre las dos entidades. Ante esa situación se crearon los respectivos comités de crisis para calcular la resistencia y el tiempo que podrían aguantar si la cosa empeoraba. Cinco días después las salidas rondaban los 14.000 millones. En una tensa entrevista de Isidre Fainé con el vicepresident del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, el banquero le advirtió de que “su obligación era salvar al banco”.

A todo esto, los contactos al más alto nivel con el Gobierno central e, incluso, con el Palacio de la Zarzuela fueron una constante. El 5 de octubre, el Banco de Sabadell decidía el traslado de su sede fuera de Catalunya y el día siguiente era la Caixa la que, tras una modificación legal de urgencia, llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ponía rumbo a Valencia. 

A partir de ahí, fueron muchas las empresas que decidieron trasladar su sede, buscando una estabilidad política y una seguridad jurídica que aquí no existía. No entraré en una guerra de cifras, pero el daño infringido a nuestra economía y al prestigio de Catalunya cono lugar de negocios y oportunidades fue muy grande y fuera de toda duda.

Resulta curioso que algunos frikis del independentismo hayan dicho que aquella marcha fue un error. Es igual, no se le pueden pedir peras al olmo. Lo que nos debería importar es que a finales del pasado mes de enero, el consejo de administración del banco de Sabadell decidió abandonar su sede social en Alicante y volver a Catalunya, aunque faltaría al rigor informativo si no dijese que en esa decisión ha tenido su peso específico la OPA que sobre la entidad vallesana lanzó el BBVA, pero la cuestión es que el Sabadell ha vuelto a casa. Pocas semanas después era la Fundación La Caixa y Criteria las entidades que volvían a Barcelona, después de casi ocho años de exilio. 

Esos retornos, diluyen buena parte del relato forjado en torno al desafío independentista y consolidan la estrategia de Pedro Sánchez y Salvador Illa que apuesta por el reencuentro y da valor a la “normalidad institucional”. En opinión del presidente catalán, la decisión de La Caixa “demuestra que es el momento de apostar por Catalunya”, porque “una Catalunya a pleno rendimiento es bueno para todos”.

La vuelta a casa de las empresas que marcharon por el procés será lenta, pero sostenida en el tiempo. El mundo empresarial es poco amigo de los vaivenes y de los movimientos bruscos y la situación en Catalunya todavía está cogida con alfileres y se necesita tiempo para consolidar la nueva normalidad. Pero que las dos entidades más emblemáticas hayan regresado significa que estamos en el buen camino.

Como dijo el president Salvador Illa, en la conferencia que dio, recientemente, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se está poniendo todo el empeño para que Catalunya vuelva a ser motor de España y de Europa y así poder dar por cerrada la carpeta de la normalización política y social catalana. En este contexto, me parece digno de mención que el Govern tenga a punto un plan económico para movilizar 18.500 millones de euros con el objetivo de que Catalunya, con el 18,8% del PIB español, dé un salto en su crecimiento y poder atrapar a la Comunidad de Madrid, que representa el 19,6%. “Que en España nadie tenga miedo de que despleguemos todo el potencial”, dijo el president al presentar su programa, y repitió que su apuesta es la de la prosperidad compartida. 

No puedo ni quiero acabar este artículo sin dejar aquí una breve reflexión: después de visto lo visto: ¿qué Catalunya conviene más a la inmensa mayoría de ciudadanos, aquella de la confrontación, de las algaradas, de calles cortadas por contenedores quemados, de las declaraciones llenas de falsa épica pero vacías de contenido o esta otra tranquila, sosegada que vuelve a mirar el futuro con optimismo y confianza que se acerca a sus vecinos con la mano tendida y con ánimo de colaboración? 

Si les parece oportuno, que cada cual responda según su conciencia.