Relevo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

A las 13.00 horas de hoy, 7 de abril, la magistrada Mercè Caso Señal toma posesión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en presencia de la presidenta del TS, del pleno del CGPJ, del President de la Generalitat, del ministro del ramo y del Conseller de Justicia. Al mismo tiempo cesa en este cargo el magistrado Jesús Barrientos Pacho, que ha desempeñado su función desde el año 2016. 

Es importante este relevo, por cuanto con él se pone fin a una situación sumamente anómala, toda vez que el anterior titular cumplió su mandato hace más de tres años. El inconstitucional bloqueo que se produjo en el funcionamiento del Estado de Derecho en España, por la imposibilidad de consensuar la mayoría parlamentaria reforzada que exige la ley, ha supuesto, entre otras cosas, el descrédito del sistema judicial en nuestro país, hasta extremos insoportables.

El TSJ es el más alto órgano jurisdiccional de la comunidad autónoma. En las materias del derecho civil propio ostenta la competencia en los recursos de casación al máximo nivel, es decir, con las mismas facultades que tiene el Tribunal Supremo en cuanto al derecho civil común vigente en el resto de los territorios que no tienen derecho foral. Y también es competente para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos imputados a las personas aforadas, entre ellas, los políticos que ejercen su función en las instituciones catalanas.

Una vez elegido el nuevo consejo, la designación de la magistrada Caso Señal propicia la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Poder Judicial, que entraron en una crisis profunda en la época del “procés”, hasta el punto de que durante algún tiempo las relaciones entre los poderes judicial, el ejecutivo y el legislativo de esta Comunidad Autónoma, estuvieron interrumpidas.

 Como consecuencia de la imputación de graves hechos delictivos a relevantes políticos catalanes durante el llamado desafío independentista, el TSJ tuvo que hacerse cargo de las causas penales incoadas contra altos cargos de las instituciones autonómicas. Todos recordamos las manifestaciones multitudinarias ante la sede del palacio de justicia en las que se pretendía presionar a los miembros del tribunal mientras recibían declaración a los imputados, o mientras se desarrollaban los juicios en el interior de un edificio que, paradójicamente, es propiedad de la Generalitat. Las propias personas a las que se acusaba eran, al mismo tiempo, las responsables de la seguridad de los magistrados y del orden público, así como del mantenimiento las instalaciones, incluidas las aplicaciones informáticas, y de una buena parte de los funcionarios públicos que prestan sus servicios para el tribunal.

En aquellos años, y como consecuencia del ambiente hostil hacia los tribunales de justicia, grupos incontrolados se dedicaron a realizar destrozos, pintadas y manifestaciones ante los edificios judiciales de numerosos pueblos y ciudades. Estos juzgados eran servidos por jueces y juezas que carecían de competencias en estas causas y que generalmente pertenecían a las últimas promociones de la carrera judicial, lo que ocasionó que muchos de ellos y ellas solicitaron en cuanto pudieron el traslado fuera de Catalunya, para no tener que soportar los referidos actos vandálicos. Estos funcionarios públicos se veían sin recursos y sin otra expectativa de defensa que recabar el auxilio del Tribunal Superior, cuyos medios eran, precisamente, los que coordinaban los departamentos de justicia o de interior de la propia Generalitat. 

Esta situación inédita en países democráticos, ha marcado en gran medida una parte de la que época en la que ha ostentado la presidencia del TSJ el magistrado Jesús Barrientos, un jurista de gran prestigio entre sus compañeros y entre la abogacía catalana, que ha servido durante gran parte de su carrera en diversos órganos de la justicia en Cataluña y que fue reiteradamente recusado, pese a su neutralidad, prudencia y rigor, por algunos de los políticos catalanes. Por su respetuosa gestión de la crisis es merecedor de un alto reconocimiento, proporcional a sus méritos. Pero, lamentablemente, no siempre se premia la virtud y buen hacer de los profesionales de la justicia, como ya fue notoria la preterición de la magistrada María Eugenia Alegret, después de una gestión impecable de las responsabilidades que le correspondían durante su mandato como presidenta de este mismo tribunal en una época anterior.

En la etapa que ahora comienza se ha elegido para el desempeño de este importante cargo a una magistrada joven, que representa a una nueva generación de juristas comprometidos con la modernización de la justicia. Tiene en su haber una extensa trayectoria jurisdiccional, siempre en diversos tribunales de Catalunya. Después de su paso por juzgados civiles, de instrucción y de enjuiciamiento penal, y teniendo ya plaza consolidada en Barcelona, voluntariamente solicitó hacerse cargo de un juzgado con competencias en la protección de menores, de la violencia de género, del derecho de la persona y de los conflictos de familia, de cuyas materias es especialista. 

Al tomar posesión de su nuevo destino deja vacante la presidencia de la sección XXII de la Audiencia Provincial de Barcelona, después de haber ejercido también como profesora de la Escuela Judicial española y de tener a su cargo el decanato de los 286 juzgados unipersonales de Barcelona, por elección democrática entre sus compañeros, siendo reelegida para un segundo mandato. Sus excelentes dotes pedagógicas, acreditadas tanto en los cursos impartidos en actividades de formación en universidades españolas y extranjeras, han sido valoradas por varias generaciones de nuevos jueces, lo que augura una nueva época en el que las nuevas promociones valoren los destinos judiciales en Catalunya , como ha estado ocurriendo durante muchos años en el pasado. 

Además de la extraordinaria formación jurídica que avala sus competencias en el derecho civil de foral de esta comunidad histórica, su experiencia en los años en los que ha estado integrada como vocal nata en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior por su condición de decana, garantiza también su capacidad organizativa y de supervisión de los órganos judiciales de las cuatro provincias catalanas y de sus respectivas audiencias provinciales.

Dos últimos aspectos en su trayectoria son de resaltar por su especial importancia en la actualidad. El primero tiene que ver con las reformas que se están llevando a cabo en el ámbito de la justicia que tienen como objetivo una nueva organización de los juzgados, para dejar en la historia las obsoletas oficinas judiciales unipersonales, e implantar los tribunales colegiados de primera instancia. Es ésta una asignatura pendiente desde el siglo XIX, cuando se optó por el sistema de células unitarias por razones económicas ante la escasez de medios de los que disponía una España empobrecida por las guerras carlistas y la pérdida de las colonias. 

Efectivamente, el modelo de mayor eficiencia generalizado en Europa es el de los tribunales colegiados de primer grado en los que se integran diversos jueces, con lo que se facilita la inserción profesional tras el ingreso y permite la consolidación de la formación inicial, además de la unificación de criterios y el fortalecimiento de la independencia que se genera con el trabajo en equipo. La trayectoria de la nueva presidenta en la Escuela Judicial, el conocimiento del funcionamiento de los juzgados extranjeros en los que está funcionando este sistema y la experiencia en el decanato, son factores esenciales para la puesta en marcha de la nueva organización que se ha de implantar en un futuro próximo.

El segundo lugar, la magistrada Caso es una profesional especialmente preparada para acometer con prudencia la otra gran reforma de la justicia que acaba de entrar en vigor, que es la de la inserción de los ADR, que han sido denominados con el anagrama MASC (como medios más adecuados y alternativos, en determinados casos al modelo de enjuiciamiento basado en la confrontación ante el tribunal). En este campo fue fundadora y presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la mediación (GEMME) y conoce a la perfección los métodos basados en la resolución de conflictos mediante el consenso y el diálogo.

En definitiva, con este relevo se abre una nueva época en las relaciones de colaboración institucional entre la Consellería de Justicia de Catalunya, el TSJ y el Ministerio, que auguro que será muy positiva en beneficio de toda la ciudadanía catalana, destinataria final del valor superior de la Justicia.