Pere Aragonès se lanza a una batalla judicial contra el "decretazo" del TSJC sobre el catalán en la escuela
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que la Generalitat cree que el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en mayo y suspendido por el TSJC , "es impecable" .
El President en funciones Pere Aragonès dará inicio así a una batalla judicial para defender su decretazo sobre el catalán en la escuela y que en la práctica impide el bilingüismo en la enseñanza en toda Catalunya.
El decreto suspendido establece el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario mediante la regulación del uso y la enseñanza de las lenguas, del desarrollo del proyecto lingüístico de los centros educativos y la regulación del conocimiento y la utilización de las lenguas por parte del personal docente y no docente.
Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán un recurso de reposición contra el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender la vigencia del decreto que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario y sitúa al catalán como lengua vehicular en las escuelas e institutos en base, según la Generalitat en "fijar criterios estrictamente educativos".
Con este decreto la Generalitat buscaba "la protección jurídica a los centros y a sus equipos educativos" y por ello combatirán la resolución del TSJC " hasta el final, con convencimiento y determinación".
"Pese a la suspensión del decreto" afirman desde la Generalitat, "hay otras normas de rango legal y reglamentario que garantizan que el catalán y el aranés sean el centro de gravedad del régimen lingüístico en la enseñanza no universitaria", ha señalado Plaja durante la intervención de esta semaña. En este sentido, ha hecho referencia al decreto-ley 6/2022 del 30 de mayo que "se trata de una ley plenamente vigente", a la que no afecta "la suspensión de una normativa" realizada por el Tribunal catalán.
Patrícia Plaja ha defendido que "no hay ningún resquicio de inconstitucionalidad" y están "a la espera del posicionamiento del Tribunal Constitucional", que, a instancias del propio TSJC, debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la legislación catalana del año 2022 que regula el uso de las lenguas en el ámbito educativo.
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