Luz verde a la reforma del reglamento del Parlament, salvo por una excepción

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalado la propuesta de reforma del reglamento del Parlament de Catalunya, impulsada por PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, salvo una frase relativa a la delegación de voto que considera que vulnera el artículo 23.2 de la Constitución.

Así se recoge en el dictamen del órgano pedido por el PP catalán, que no es vinculante, ante una iniciativa que quiere ampliar los supuestos de delegación de voto e incorpora, por primera vez, el voto telemático en el reglamento de la Cámara.

Según el CGE, en el apartado de la delegación de voto, la frase 'el voto de la persona delegante se contabiliza en el mismo sentido que el voto emitido por la persona en quien se delega', que se ha añadido en la reforma del reglamento, es inconstitucional.

Por ello, recomiendan reformular la norma para que se mantenga sólo la opción prevista en el artículo que reza que, si el sentido del voto de la persona delegante es diferente al de quien lo ejerce, se debe informar a la Mesa antes del inicio de la sesión. Por lo tanto, quedará ver cómo afecta esto a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, que por el momento no ha regresado a Catalunya. 

Sobre el resto de cuestiones que el PP elevó al CGE al considerar que la reforma estaba hecha a medida de los partidos independentistas, el dictamen adopta por unanimidad que no vulneran la constitución ni el principio de seguridad jurídica.

PLENO 

La resolución del CGE ha llegado un día antes de que el pleno vote la aprobación final de la reforma del reglamento del Parlament, que saldrá adelante por la vía de lectura única con el apoyo de los grupos impulsores.

Antes habrá que votar las enmiendas presentadas por los grupos, entre las que destaca una de Junts que apuesta por eliminar el artículo 25.4 del reglamento de la cámara, que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.

El artículo 25.4 del reglamento es el que los representantes en la Mesa de PSC-Units, ERC y la CUP aplicaron hace dos años a la entonces presidenta de la Cámara Laura Borràs para suspenderla del cargo.