El Tribunal de Cuentas lleva la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la Ley de Amnistía al considerar que el presunto desvío de fondos (de más de 5 millones de euros) para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Procés por el que se encuentran encausadas 35 personas afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE). 

En un auto, la consejera de cuentas Elena Hernáez acuerda además suspender el presente procedimiento "hasta la resolución del incidente prejudicial".

Fue el pasado mes de junio cuando la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento preguntó a Fiscalía y defensas si elevaba esta cuestión. Entonces, explicó que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la Ley de Amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea". 

En este sentido, precisó que los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE" , al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho".

De hecho, desde la defensa uno de los principales artífices del referéndum del 1-O, Carles Puigdemont, se criticó que el Tribunal de Cuentas únicamente busca "sus 15 minutos de fama" y "retrasar la aplicación de la amnistía".

El el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, explica que el Tribunal de Cuentas no puede dirigirse al TJUE ni presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional, porque "no es un órgano judicial ordinario", que son los únicos para los que ambos mecanismos de consulta están previstos, según establece la carta magna y la legislación correspondiente.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró que el Tribunal de Cuentas no puede dirigirse al TJUE ni presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional, porque "no es un órgano judicial ordinario", que son los únicos para los que ambos mecanismos de consulta están previstos, según establece la carta magna y la legislación correspondiente.