El horizonte judicial de Puigdemont: ¿Qué ocurrirá cuando regrese a España?

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación.

Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.

Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament -que podría celebrarse este jueves--, asegurando que su detención era "una posibilidad real en muy pocos días", mientras que su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía.

Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita: Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.

Carta del TC y posible 'habeas corpus' 

El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.

Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del 'procés' por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.

Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un 'habeas corpus' en caso de considerar esa detención ilegal.

Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional: el riesgo de fuga es una de las causas esgrimidas para acordarla.

Vox pedirá su ingreso en prisión

También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel.

Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado y, en esta causa, Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.

El pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación, mientras que el Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados.

Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer.

Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación, y aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.

Otras causas pendientes

La del 'procés' no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont: el juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo -que todavía no se ha pronunciado-- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán.

Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.