Análisis de la aplicación de la Ley de Amnistía en Catalunya

Según los datos de Alerta Solidaria, tan sólo se han amnistiado el 25% de los casos que consideran que entran en el marco de aplicación que define la ley.

CERCA DE 700 PERSONAS ESPERAN SER AMNÍSTIADAS

Alerta Solidaria contabilizó inicialmente 419 personas afectadas por un caso penal relacionado con el proceso de independencia que deberían ser amnistiadas, una cifra que Òmnium Cultural elevaba a 697. Pero en estos primeros dos meses se han amnistiado 105 personas, y ha denegado la aplicación de la amnistía a 39.

Además, en 71 casos la decisión final se derivó a otro tribunal, como el Tribunal Constitucional español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

LOS MÁS BENEFICIADOS HAN SIDO LOS COSES POLICÍACOS

Según Alerta Solidaria, el colectivo que más se ha beneficiado de la ley de amnistía sea el de los cuerpos policiales, porque se han amnistiado 51 agentes de policía. El juez de instrucción 7 de Barcelona consideró que ninguno de estos policías era acusado de unas lesiones lo suficientemente graves para ser excluidas de la amnistía. También se amnistiaron el sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, condenado por haber hecho de escolta a Carles Puigdemont, y 4 agentes de los Mossos d'Esquadra investigados por delitos contra la integridad moral y lesiones en la detención de dos jóvenes de Parets del Vallès detenidos y encarcelados durante catorce días a raíz de las protestas contra la sentencia.

También han sido amnistiados manifestantes como Oleksandr S., el condenado con la pena más alta por las protestas contra la sentencia de 2019: siete años y medio de cárcel; Víctor Verdejo, condenado a tres años de cárcel por las protestas del Tsunami Democrático en el Camp Nou; Carla Costa, condenada a un año de cárcel por el corte de las vías del tren y del TGV de Girona el día en que salió la sentencia contra el proceso; y Xenia, detenida y encarcelada durante unas semanas por las protestas contra la sentencia y que no llegó a ser juzgada. También se amnistiaron quienes son conocidos como los tres de Granollers, tres jóvenes condenados a tres años de cárcel cada uno por las protestas en una manifestación por el tercer aniversario del Primero de Octubre, en 2020. En total, en estos dos meses han amnistiado 45 manifestantes.

LA LEY HA PARALIZADO INVESTIGACIONES EN CURSO

La ley de amnistía ha servido para levantar la condena o las investigaciones en curso a 9 políticos o cargos públicos como el ex-consejero de Interior Miquel Buch , condenado con el sargento Escolà por haber puesto escolta a Puigdemont. También Marta Felipe, ex-alcaldesa de Figueres, amnistiada antes de haber sido juzgada incluso, acusada de haber promovido la apertura de colegios electorales por el Primero de Octubre; y Jordi Pesarrodona , ex-concejal de ERC de San Juan de Vilatorrada (Bages), condenado por desobediencia por haber participado en el referéndum. El secretario municipal de Hostalric (Selva) condenado por sancionar a una mujer que arrancaba lazos amarillos y pancartas independentistas de la villa. Originalmente, también eran encausados el ex alcalde Antoni Frias y tres concejales del equipo de gobierno, pero los cuatro políticos cargaron la responsabilidad en el funcionario porque fue él quien redactó y tramitó el expediente sancionador. Él fue el único condenado, a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

39 PETICIONES DE AMNISTÍA HAN SIDO DENEGADAS

Aparte de las admitidas ha habido 39 que se han denegado y corresponden a políticos y cargos públicos, 23 en total. Seguramente el caso más conocido es la negativa del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena de amnistiar al presidente Carles Puigdemont, al ex vicepresidente Oriol Junqueras ya los ex consellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolores Balsa por el delito de malversación.

Tampoco se ha amnistiado a Puigdemont en la investigación por la supuesta trama rusa que se ha llamado caso Vólkhov y que dirige el juez Joaquín Aguirre. Además de Puigdemont, en las múltiples piezas que Aguirre ha abierto de este caso también se investigan un buen puñado de personas, como Artur Mas, José Luis Alay, Gonzalo Boye, Víctor Terradelles, Elsa Artadi, Carlos Porta, Francisco de Dalmases, Aleksandr Dimitrenko, Jordi Sardà, Miquel Casals, Zeus Borrell, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Xavier Vinyals.

Los otros 16 casos de denegaciones de la amnistía corresponden a manifestantes que los tribunales han considerado que quedan fuera de las circunstancias establecidas por la ley, como los 8 vecinos del Raval de Barcelona juzgados por una protesta contra Vox, pendientes de sentencia . Tampoco han amnistiado a 5 personas por una acción contra una bandera española, otra por una protesta contra Vox ni otra por un enfrentamiento con dos ultraderechistas un 12 de octubre. Además, también se ha denegado la amnistía a Abel Mora, un militante anarquista que cumple una condena de tres años y nueve meses de cárcel por haber estado implicado en una agresión contra un hombre con una bandera y una gorra españolas en el metro de Barcelona el 10 de noviembre de 2018

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBERÁ ESTUDIAR LA APLICACIÓN DE LA LEY EN 71 CASOS

Son los casos en los que han propuesto enviar el debate sobre la aplicación de la amnistía al Tribunal Constitucional español o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según los datos de Alerta Solidaria, esto ha ocurrido en 71 ocasiones.

En 56 de estos casos, los posibles beneficiarios de la amnistía eran políticos o cargos públicos , como la treintena de ex altos cargos del gobierno y empresarios encausados por la organización del referéndum del Primero de Octubre, procesados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) agrupó las causas judiciales del presidente Quim Torra, el ex secretario de la mesa del parlamento Pau Juvillà y el ex conseller Bernat Solé, todos condenados por desobediencia en casos diferentes, y propuso enviarlas al Constitucional porque, si bien reconoce que, según la ley, las causas deberían archivarse, duda de que la ley sea constitucional. Además, en el caso de Torra, también propuso enviar el caso al TJUE.

Exactamente, la misma decisión que el TSJC tomó pocos días después con los casos que afectan a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó –acusados de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos por los preparativos del referéndum del Primero de Octubre– y Natalia Garriga, acusada de desobediencia. Considera que están dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía, pero duda de que la ley sea constitucional o que encaje en el ámbito judicial europeo. El mismo argumento que utilizó el Supremo con el caso de Maties Serracant , ex alcalde de Sabadell condenado por desobediencia por haber facilitado la votación del Primero de Octubre.

Es más, el Supremo aprovechó que tenía en su poder los casos de dos condenados por las protestas contra la sentencia del proceso en Barcelona y Girona porque habían presentado recursos para llevar la ley de amnistía al Constitucional, con el argumento de que la norma vulnera varios principios constitucionales, como el derecho de igualdad ante la ley. Son dos de los 15 manifestantes en los que también se cuentan los investigados en la operación Judas: David Budria, Clara Borrero, Javier Buigas, Alexis Codina, Edu Garzón, Fernando Jolis, Jordi Ros, Germinal Tomás, Esther Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Delgado.