El Juez Llarena deja para después de vacaciones la aplicación de la Ley de Amnistía a Puigdemont

Según el juez Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comín se enriquecieron personalmente con el 1-O –por el ahorro que les significó organizar la consulta con dinero público– y pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y por esa razón les denegó aplicar la Ley de Amnistía a principios de julio.

DEFENSAS, FISCALÍA Y ABOGACIA DEL ESTADO LO HAN PEDIDO QUE RECONSIDERA LA DECISIÓN DE JULIO

Pocos días las defensas, la fiscalía y la abogacía del estado presentaron recursos de reforma ante el propio juez para que reconsiderara su decisión. Y ante estas peticiones el juez Llarena decidió contestarles el pasado 29 de julio que hizo público que había trasladado los recursos a las partes para que presentaran alegaciones en un plazo de dos días mientras se iba de vacaciones a la Cerdanya.

Pese a Llarena podría pronunciarse sobre los recursos en septiembre, pero lo cierto es que, si quisiera, podría alargarlo más, porque no hay ningún plazo fijado por ley que le obligue a pronunciarse. El recurso de reforma, que previsiblemente será desestimado, es un paso necesario para que Puigdemont, Puig y Comín puedan realizar un recurso de apelación al Tribunal Supremo quien deberá resolver. En caso de que también sea denegado, las defensas podrán ir finalmente al Tribunal Constitucional y finalmente a la justicia europea.

Con la no pronunciación sobre los recursos el juez Llarena ha conseguido empujar el caso más allá del 11 de agosto, cuando se agotaba el plazo de dos meses para que se aplicara la ley de amnistía y se retiraran las medidas cautelares de los afectados por causas vinculadas al proceso.