El PP defendió una "financiación singular" para Catalunya en un programa electoral de 2012

El pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa está siendo criticado de forma contundente por el Partido Popular, pero hubo un tiempo en que las filas populares también defendían un trato fiscal singular para Catalunya. En 2012, el PP, bajo el liderazgo de Alicia Sánchez-Camacho, incluyó en su programa electoral catalán la idea de una financiación singular que buscaba resolver la insuficiencia financiera de la Generalitat, aunque respetando el marco del régimen común de financiación autonómica. Esta propuesta, que no llegó a prosperar, contrastaba con la actual demanda de ERC y Junts, quienes buscan una independencia fiscal total.

El modelo propio dentro del régimen común

La visión del PP en aquel entonces se centraba en aumentar los impuestos cedidos y mejorar la participación de Catalunya en la "cesta de impuestos", pero siempre dentro del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Además, el modelo popular planteaba una colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la estatal para gestionar y recaudar la totalidad de los impuestos.

Este enfoque se asemeja al planteado actualmente por el PSC, cuyo líder, Salvador Illa, ha mostrado disposición para negociar un modelo de financiación que refuerce la autonomía fiscal catalana sin romper con el régimen común.

Los principios de ordinalidad y solidaridad

El PP de 2012 también defendía que cualquier nuevo modelo de financiación respetara el principio de ordinalidad, asegurando que la posición de Cataluña respecto a su renta per cápita no se alterara después de aplicar los mecanismos de nivelación fiscal. Asimismo, el principio de solidaridad debía mantenerse, pero con un enfoque finalista que no afectara negativamente a la competitividad económica de Cataluña.

Lealtad institucional y uso de los recursos

Otro aspecto clave del plan de los populares en 2012 era la lealtad institucional. El partido se comprometía a que los nuevos recursos generados se destinaran a políticas sociales, al fomento del crecimiento económico y a la creación de empleo. También proponían hacer partícipes a los entes locales catalanes de una parte significativa de esos recursos.

Sin embargo, este compromiso no les impedía ser críticos con la gestión del gasto público en Cataluña. Sánchez-Camacho denunció que, a pesar de contar con un presupuesto de 40.000 millones de euros, la Generalitat, bajo el liderazgo de CiU, había optado por destinar fondos a embajadas y subvenciones identitarias, en lugar de priorizar las políticas sociales.

El nuevo desafío del Gobierno

La propuesta de financiación singular para Cataluña plantea un desafío importante para el Gobierno, que deberá enfrentarse no solo a la oposición parlamentaria, sino también a un amplio rechazo social que teme que este modelo rompa el equilibrio fiscal entre las regiones.

El debate sobre la financiación autonómica en España sigue abierto, y la negociación con Cataluña será, sin duda, uno de los temas más controvertidos en los próximos meses.