El PP pide la reprobación de los responsables de la acción exterior de la Generalitat

El Partido Popular (PP) intentará que las Cortes Generales reprueben a los responsables políticos de las embajadas de la Generalitat de Catalunya por su implicación en impulsar el Procés en el extranjero. Esta medida se debatirá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde los de AlbertoNúñez Feijóo cuentan con mayoría. La iniciativa surge de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre el uso de recursos asignados a las políticas de acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

El PP argumenta que las embajadas catalanas utilizaron recursos públicos para apoyar el Procés "de manera desleal hacia el Estado", y solicita que se repruebe a sus responsables. Además, el PP insta a la Generalitat a actuar con lealtad institucional, coordinándose con el Estado, y exige mayor control financiero y transparencia en la gestión de sus delegaciones.

Por su parte, Vox propone el cierre inmediato de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, alegando que fomentan el separatismo con fondos públicos. También aboga por reasignar estos recursos para promover la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles. La formación de Abascal también pretende aprovechar este trámite para que las Cortes insten al Gobierno a que "regule el procedimiento a través del cual las comunidades autónomas puedan poner de manifiesto sus necesidades, prioridades y criterios en orden al desarrollo de sus competencias de acción exterior".

El PSOE, en cambio, busca que el Gobierno regule la acción exterior de las comunidades autónomas y sus delegaciones, estableciendo directrices claras para coordinar sus actividades con el Estado. Asimismo, propone mejorar los sistemas de control para evitar gastos ilegales y asegurar la coordinación con el Ministerio de Exteriores.

Por otro lado, los partidos independentistas, ERC y Bildu, rechazan el informe del Tribunal de Cuentas. Consideran que es parcial y que invade competencias del Tribunal Constitucional. Además, denuncian que el informe presentado no es objetivo y critican que se haya debatido cuando aún hay procesos penales relacionados en curso, y defienden que el informe debería revisarse a la luz de la próxima Ley de Amnistía.