Salvador Illa promete vivienda pública mientras permite la subasta de cinco fincas de titularidad pública

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes un ambicioso programa de vivienda pública que busca construir 50.000 viviendas hasta 2030, con una inversión total de 4.400 millones de euros durante su mandato. Esta promesa fue realizada durante la primera sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, donde Illa destacó la importancia de la vivienda como un derecho fundamental.

Durante su intervención, Illa se comprometió a destinar 1.100 millones de euros anuales para alcanzar este objetivo, afirmando que "no habrá ninguna comunidad autónoma que invierta tanto dinero en materia de vivienda" como Catalunya. Además, abogó por un cambio en las políticas de construcción de vivienda pública, enfatizando la necesidad de más suelo público, mayor velocidad en la ejecución de proyectos, colaboración público-privada y más ayudas para facilitar el acceso a la vivienda.

Una promesa manchada por una subasta

Sin embargo, esta promesa de Illa ha coincidido con la subasta de cinco fincas de titularidad pública en Barcelona, un hecho que ha generado una ola de críticas y movilizaciones. El Sindicat de Llogaters y varias asociaciones vecinales han denunciado la subasta, que se llevó a cabo a pesar de las protestas de decenas de inquilinos y ciudadanos que exigían la suspensión del proceso.

Durante la subasta, tres de las cinco fincas quedaron desiertas, mientras que solo dos lograron ser adjudicadas. Los inquilinos afectados han exigido la creación inmediata de una mesa de negociación con el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud, el Hospital Clínic y el Ayuntamiento de Barcelona. Esta mesa busca garantizar el derecho a la vivienda de las familias que residen en estas propiedades, evitando que terminen en manos de especuladores.

Las organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y respuesta por parte de las autoridades y el Hospital Clínic. A pesar de la presión popular, el Hospital Clínic no se ha pronunciado al respecto, aunque el Departamento de Salud se ha comprometido a reunirse con el Sindicat y las familias afectadas en un futuro próximo.

La situación ha desatado un debate sobre la gestión del patrimonio público y la necesidad de proteger el derecho a la vivienda en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema candente en Barcelona. Desde el Sindicat de Llogaters, se exige que estas fincas sean transferidas a la administración pública, permitiendo el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, para evitar que caigan en manos de fondos de inversión o especuladores.

Las voces de los inquilinos resuenan con firmeza, afirmando: "No permitiremos que estos edificios acaben en manos de fondos buitre o especuladores. Continuaremos luchando por defender nuestras casas." Con esta situación, el futuro de la política de vivienda en Catalunya se enfrenta a un importante desafío, y las promesas de Illa deberán ser acompañadas de acciones concretas para evitar la crisis habitacional.