¿Multa de 10.000 euros? Sílvia Orriols no piensa pagar y lanza un contundente mensaje al Govern
La polémica se remonta a una participación de Orriols en la cadena 8TV, donde expresó declaraciones incendiarias sobre el islam y la inmigración
La alcaldesa de Ripoll y diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, vuelve a ser el centro de la polémica tras publicar un mensaje en Twitter en el que se burla de la Generalitat por no haber pagado aún una multa de 10.001 euros. La sanción fue impuesta por sus declaraciones contra el islam en un debate televisivo, que según la Administración catalana, fomentan el odio y la discriminación contra la comunidad musulmana.
Orriols publicó el tuit este lunes, afirmando: “La Generalitat me vuelve a notificar la sanción de 10.001 euros por haber dicho públicamente que el islam es incompatible con Occidente. Ven que no pago…”, junto con dos emoticonos que expresan un tono de burla. Este comentario refuerza la postura desafiante que ha adoptado la diputada tras agotar todas las vías legales, incluido el recurso de alzada, para impugnar la sanción, la cual fue ratificada por el Govern como justa y definitiva.
Sanción por discurso xenófobo en televisión
La polémica se remonta a una participación de Orriols en la cadena 8TV, donde expresó declaraciones incendiarias sobre el islam y la inmigración, describiendo la llegada de personas musulmanas a Cataluña como "una amenaza para la identidad catalana". En sus intervenciones, afirmó que “el islam es incompatible con los valores occidentales” y alertó sobre supuestos peligros como “la sharia, la misoginia y la homofobia” en una Cataluña con presencia musulmana, llegando incluso a relacionar esta situación con temas como las violaciones en grupo y los matrimonios forzados.
Las afirmaciones de Orriols recibieron rápidamente rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes consideraron sus comentarios como racistas y discriminatorios. La sanción impuesta se enmarca en la ley de igualdad de trato aprobada por el Parlament hace cuatro años, que permite a la Generalitat abrir expedientes y aplicar sanciones ante manifestaciones que promuevan el odio y la discriminación hacia cualquier colectivo, en este caso, la comunidad musulmana.
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