Ya hay fecha para el juicio de la familia Pujol después de 12 años de espera

La Audiencia Nacional (AN) ha fijado entre los meses de noviembre de 2025 y abril de 2026 el juicio que se celebrará contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En una diligencia de ordenación, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal fija un total de 55 sesiones diferentes repartidas a lo largo de 6 meses, estableciendo que todas ellas comenzarán a las 10 de la mañana.

Cabe recordar que el juez Santiago Pedraz acordó en junio de 2021 llevar al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola (a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa), así como a otras 11 personas, entre ellas Mercè Gironès, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositase 7,5 millones de euros y a su exmujer, otros 400.000 euros.

De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el clan, pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

¿Se sentará Jordi Pujol en el banquillo a los 94 años?

Hace 12 años que llegó a los tribunales la presunta trama de corrupción con la que operaba en Catalunya la familia de Jordi Pujol y diez años desde que el ‘molt honorable’ confesó que guardaba dinero en Suiza que había heredado de su padre. 

La previsión que se entrelaza entre esos dos aniversarios es la que nos advierte que nunca cumplirá condena. 

Con lo cual, a sus 94 años, quizá pueda empezar a presumir ante los suyos de que las dos veces que ha estado en un serio apuro judicial, ha conseguido sortearlo de una forma o de otra. 

Con el escándalo de Banca Catalana, gracias a la intervención del Gobierno socialista de Felipe González, que lo ‘indultó’ antes de que lo juzgaran, y con este caso de ahora, porque la lentitud de la Justicia en algunos de estos macroprocedimientos ya hace impensable que en su caso, acabe cumpliendo con la condena que se le pueda imponer si se le impone.

La lentitud de la Justicia se debe al abandono que existe por solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, que van desde el mismo procedimiento penal, la figura obsoleta del instructor, hasta la caótica distribución de medios y recursos en muchos juzgados, pasando por una mayor independencia de la Fiscalía.

El recuerdo de lo sucedido con el escándalo de Banca Catalana  ha hecho que se cree en Catalunya una sensación de impunidad judicial de los políticos catalanes corruptos. En mayo de 1984, el fiscal general del Estado presentó una querella contra los antiguos directivos de Banca Catalana por el desfalco de la entidad, que se acabó destapando porque el Banco de España se había visto obligado a intervenirla un par de años antes.

 La acusación inicial contra una veintena de directivos, entre ellos Jordi Pujol, incluía los delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas, porque mientras que los ahorros de miles de ciudadanos se evaporaron, los de sus directivos consiguieron salvarse antes de la quiebra. 

El escándalo mayúsculo se quedó en nada porque Pujol acababa entonces de ganar unas elecciones por una abrumadora mayoría absoluta y amenazó directamente al Estado; fue el origen del ‘España nos roba’. En las hemerotecas están todavía sus declaraciones de entonces, ya amarillentas, pero que son calcadas a las que seguimos oyendo: “Este es un juicio político contra Catalunya (…) Somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega (…) A partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos”. 

Por la persona que, en aquellos años, era fiscal en Cataluya, Carlos Jiménez Villarejo, hemos sabido, muchos años después, que la querella acabó archivándose porque el Gobierno de Felipe González se encargó de desactivarla completamente. Prohibieron que se siguiera investigando a Pujol hasta que un juez le dio carpetazo.

El ‘oasis catalán’, como lo llamaban, volvió a la tranquilidad de los manejos hasta que un verano de hace 12 años una mujer, Victoria Álvarez, examante del mayor del clan Pujol Ferrusola, se fue a un juez a contarle algunas de las corruptelas que había presenciado, las bolsas cargadas de billetes de 500 euros camino de Andorra. 

Dos años después, en el verano de 2014, Jordi Pujol admitió, que tenía dinero oculto en el extranjero, pero lo achacó a la herencia de su padre. La investigación policial, sin embargo, lo que fue destapando fue la red de negocios de la familia que, tenía como cerebro a su mujer, Marta Ferrusola, la ideóloga de ese código tan pío para ocultar las transferencias de dinero: “Soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspases dos misales”, decía cuando quería dos millones en otra cuenta. 

En 2021, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el archivo de la causa contra ella por el deterioro físico y mental que padecíá. Estaba acusada de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal junto a su marido y sus siete hijos. 

El informe médico que se presentó certificaba que la mujer padecía alzhéimer desde hace cinco años y, por lo tanto, era inimputable por motivos de salud. 

La defensa del expresidente de la Generalitat, que ha utilizado todas las estratagemas a su alcance para demorar la causa, no le será difícil alegar pérdida de memoria o limitación de las facultades cognitivas del ex President Jordi Pujol para evitar que tenga que sentarse en el banquillo. Y, desde luego, en el caso de que resulte condenado, es imposible que, cercano al siglo, acabe entrando en la cárcel, una vez que se resuelvan todos los recursos que interponga. Eso si finalmente no se acaba desinflando el caso, al no poder contar con los testimonios fehacientes de los dos progenitores, que todo puede pasar en un procedimiento así.

En 2021 ya se supo que la Abogacía del Estado, en contra de lo que piensa la Fiscalía Anticorrupción, no pide cárcel para él, aunque sí para alguno de sus hijos. El único que ha pisado la cárcel es el mayor de sus hijos, Oriol Pujol, pero por poco tiempo: en otro caso, el de las ITV, lo condenaron a dos años y medio de prisión y a los dos meses ya estaba en tercer grado.