El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que convocará una Junta de Seguridad a principios de 2025 con el objetivo de reclamar que los Mossos d’Esquadra asuman competencias en puertos y aeropuertos. Este tema, que ha generado tensiones entre los gobiernos central y autonómico, quedó fuera del orden del día en la última reunión bilateral del pasado 5 de diciembre, pese a que el País Vasco ya consiguió estas atribuciones en julio.
La demanda de Illa: más competencias para los Mossos
Durante su intervención en el Parlament este miércoles, Illa defendió que la policía catalana necesita asumir nuevas competencias para consolidar su papel como cuerpo integral de seguridad. "Si son necesarias más competencias para ejercer en plenitud su tarea, debemos proporcionarlas", afirmó.
Esta reivindicación se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmara que el control fronterizo es una competencia "exclusiva del Estado". A pesar de ello, el presidente catalán busca que los Mossos sigan el modelo de la Ertzaintza, que ya controla la seguridad en puertos y aeropuertos del País Vasco, con excepción de extranjería, contrabando y fraude fiscal, que siguen en manos de Policía Nacional y Guardia Civil.
El papel de Junts y la presión sobre la política migratoria
El anuncio de Illa llega un día después de que Carles Puigdemont, líder de Junts, reclamara en una entrevista en TV3 la gestión íntegra de la política migratoria y fronteriza por parte de Catalunya. Según Puigdemont, la negociación con el Gobierno central sobre competencias migratorias "está avanzada, pero encallada", insistiendo en la necesidad de una ley orgánica para transferir esas atribuciones.
Refuerzo de plantilla y coordinación policial
Más allá de las competencias en infraestructuras, Illa subrayó la importancia de reforzar la plantilla de los Mossos, con el objetivo de alcanzar los 25.000 efectivos, como había acordado previamente el Govern de ERC. Además, destacó los avances en la integración telefónica de Guardia Civil y Policía Nacional al sistema de emergencias 112, un acuerdo que, según Illa, busca garantizar una respuesta más ágil y mejorar la coordinación entre cuerpos policiales.
“No permitiré que una falta de coordinación entre cuerpos de seguridad ponga en riesgo la protección de los ciudadanos de Catalunya”, afirmó, añadiendo que la seguridad debe ser una prioridad compartida entre todas las fuerzas políticas.
Un debate con implicaciones políticas y sociales
Illa concluyó su intervención defendiendo que las políticas de seguridad no deben asociarse con ideologías de derecha: "No puede ser un privilegio solo para quienes pueden pagarse protección privada. La seguridad es una política de izquierda, porque garantiza derechos básicos para todos".
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