Catalunya y el Estado consolidan un pacto para abordar la crisis agraria en el territorio

Este pacto refuerza el compromiso de Catalunya con la sostenibilidad y la recuperación económica del sector primario

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El proceso se ha llevado a cabo a través de las comisiones bilaterales de cooperación. Foto: Pexels

 

Desde el inicio de la XV Legislatura, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha logrado cerrar 49 acuerdos con comunidades autónomas para resolver discrepancias competenciales, nueve de los cuales se alcanzaron en diciembre y uno en noviembre. Catalunya ha sido protagonista de uno de estos acuerdos, consolidando su compromiso con el diálogo y la cooperación institucional.

El proceso se ha llevado a cabo a través de las comisiones bilaterales de cooperación, un mecanismo establecido por el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este instrumento permite que las comunidades autónomas y la Administración General del Estado colaboren activamente para evitar conflictos de competencias y minimizar los recursos de inconstitucionalidad.

Uno de los acuerdos destacados de este periodo es el Decreto-ley 5/2024 de Catalunya, aprobado el 24 de abril. Este decreto establece medidas extraordinarias de apoyo al sector agrario, gravemente afectado por la sequía, y aborda otras medidas urgentes de carácter económico y administrativo. Este pacto refuerza el compromiso de Catalunya con la sostenibilidad y la recuperación económica del sector primario.

El Ministerio ha subrayado que su enfoque es priorizar el diálogo como vía para resolver controversias, consolidando un marco de cooperación eficiente con las comunidades autónomas. Este enfoque, que incluye tanto leyes como decretos, permite adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de cada territorio, como en el caso de Catalunya y su respuesta a la crisis agraria.

Además del acuerdo catalán, otras comunidades autónomas como Illes Balears, Canarias y Castilla-La Mancha han alcanzado pactos en temas relacionados con vivienda, integridad pública y simplificación administrativa.

Este esfuerzo coordinado destaca la importancia de fortalecer la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, asegurando que las políticas respondan a las demandas territoriales y fomenten el progreso conjunto. Catalunya, con su papel activo en estas negociaciones, refuerza su posición como un actor clave en el marco de la cooperación institucional.

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