La Ley de Amnistía, aprobada hace 6 meses como clave para iniciar la legislatura de Pedro Sánchez, enfrenta numerosos obstáculos en su aplicación. Desde un principio, el Gobierno aseguró a los partidos independentistas que el PSOE haría todo lo posible para que esta "ley del olvido" prosperara, como finalmente ocurrió.
Sin embargo, su implementación depende ahora de los jueces y del Tribunal Constitucional, que, en principio, no prevé resolver todas las causas antes de octubre de 2025, según informa este 30 de diciembre La Vanguardia.
La Fiscalía ha respaldado la constitucionalidad de la ley, mientras que la Abogacía del Estado ha intentado que los tribunales la pongan en práctica. Pese a sus esfuerzos, la interpretación final recae en magistrados y tribunales.
Según la plataforma Alerta Solidària, hasta la fecha se han registrado 193 personas amnistiadas, 51 solicitudes denegadas y 67 casos remitidos a otras instancias, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junts, liderado por Carles Puigdemont, sigue presionando para que todos los líderes del procés sean amnistiados sin excepciones. “El crédito de la confianza está en números rojos”, declaró recientemente Jordi Turull, secretario general de la formación.
Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para aprobar leyes y presupuestos, pero la presión seguirá creciendo mientras Puigdemont no regrese a España libre de procesos judiciales, tanto penales como contables.
Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de decidir sobre la amnistía, después de que el Tribunal Supremo haya dejado claro que considera la ley inconstitucional. Además, ha señalado que la interpretación del delito de malversación de caudales públicos impide amnistiar a los líderes del procés condenados o procesados por este delito. Esto afecta directamente a figuras clave como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Ante la firme postura del Tribunal Supremo, el Constitucional debe resolver los asuntos relacionados con la amnistía. Fuentes del órgano indican que aún quedan varios pasos antes de abordar el caso de Puigdemont. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, gestiona los plazos, y la expectativa es que los temas vinculados a la amnistía estén resueltos, salvo detalles menores, antes del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid del 28 al 31 de octubre.
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