Sílvia Orriols pone el foco en DGAIA: ¿Qué está ocurriendo con las ayudas a jóvenes extutelados?

Sílvia Orriols y Aliança Catalana (AC) han puesto el foco en las presuntas irregularidades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), vinculadas al pago de ayudas económicas y de vivienda para jóvenes extutelados. El partido ha registrado una solicitud formal en el Parlament para que la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, explique las actuaciones que han llevado a esta polémica.

Según un comunicado emitido por AC, investigaciones de la Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges revelan graves deficiencias en la gestión de estas ayudas. Entre las irregularidades denunciadas figuran adjudicaciones de servicios sin justificación, falta de contratos formales y, en algunos casos, pagos indebidos.

Uno de los casos que ha salido a la luz implica a un joven extutelado de origen senegalés que, aunque llevaba meses trabajando y viviendo en Valencia, seguía siendo registrado como beneficiario de ayudas de vivienda y económicas en Catalunya. El técnico que destapó esta situación denunció presiones para no revelar estas prácticas, las cuales, según su testimonio, eran conocidas por organismos públicos responsables.

¿Corrupción sistemática?

El trabajador que denunció las irregularidades sostiene que el caso del joven senegalés no es un hecho aislado. En su declaración, ha señalado un posible fraude masivo que podría haberse repetido durante años, con el desvío de millones de euros en fondos públicos. En su denuncia, aportó documentación sobre tres casos concretos y mencionó “muchos más” que, según él, siguen un patrón similar.

Además, el técnico alertó sobre las consecuencias que estas irregularidades tienen para los propios jóvenes beneficiarios, quienes, en algunos casos, terminan endeudados con la administración pública debido a una falta de seguimiento adecuado. Se reportan deudas superiores a los 10.000 euros porque los jóvenes no fueron informados de sus obligaciones fiscales ni de los límites de ingresos que les permitían acceder a estas ayudas.

Respuesta de DGAIA y medidas en curso

Ante estas acusaciones, la DGAIA afirmó haber revisado los casos denunciados y no haber encontrado irregularidades. No obstante, a raíz de la intervención del Síndic de Greuges, la institución ha abierto un expediente informativo para investigar a fondo. Paralelamente, la Sindicatura de Comptes continúa analizando los datos para determinar si estas prácticas fraudulentas han tenido un alcance mayor.

Por su parte, Aliança Catalana ha registrado una batería de preguntas al Govern para saber qué medidas se están adoptando para esclarecer estos presuntos fraudes, si se contemplan sanciones y si se realizará una auditoría integral de los servicios gestionados por la DGAIA.

Denuncias laborales y posibles represalias

El técnico que destapó el caso también denunció acoso laboral ante la Inspección de Trabajo, aportando grabaciones y documentos. Aunque la Inspección no acreditó acoso, sí sancionó a la entidad gestora por infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, al no implementar correctamente los protocolos de protección.

El futuro de las ayudas bajo la lupa

Sílvia Orriols ha exigido "responsabilidades y soluciones inmediatas" para garantizar que los fondos públicos se destinen a quienes realmente lo necesitan. Este escándalo pone en duda la transparencia y el buen uso de los recursos destinados a la infancia y juventud más vulnerable, dejando abierta la pregunta: ¿qué medidas tomará la Generalitat para resolver esta situación?