La CUP lleva 12 medidas al Parlament para una "educación pública, de calidad y en catalán"

El grupo parlamentario de la CUP ha presentado en el Parlament una moción para "una educación pública, de calidad y en catalán", para pedir una docena de medias en el ámbito laboral, la gestión pública directa del sistema y el uso del catalán.

En una rueda de prensa en el Parlament, la diputada de la CUP Laia Estrada ha asegurado que la situación en la escuela pública es insostenible, textualmente, y ha señalado como problemas la saturación en los centros, la excesiva burocracia, las condiciones de trabajo o la "ofensiva españolista".

En el documento presentado en el Parlament, la CUP propone desplegar en los próximos dos años un paquete de medidas para garantizar la escuela "inclusiva" como reducir ratios, aumentar plantillas, reducir las horas lectivas de cada docente para que puedan destinar más tiempo a acompañar alumnos y aumentar la formación en prácticas inclusivas.

La formación también pide aprovechar la negociación del nuevo decreto de conciertos educativos para "finalizar los conciertos con escuelas elitistas, discriminatorias y excluyentes con la diversidad y que segregan por sexo, así como prohibir y eliminar el pago obligado o encubierto de cuotas en los centros concertados".

Cerrar líneas concentradas

Otras de las propuestas son modificar el decreto de conciertos para cerrar líneas concertadas antes de que se inicien nuevos cursos escolares "en vez de cerrar las líneas de escuelas de titularidad pública", y establecer mecanismos para garantizar la distribución equitativa de alumnos que evite la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros.

Asimismo, la CUP quiere que el Parlament descarte el convenio con la OCDE en un plazo de tres meses, abrir un diálogo con representantes del personal para mejorar condiciones laborales y salariales, y fomentar el uso de la lengua catalana con inspecciones del uso cotidiano del idioma en los centros.

La moción también exige la garantía de la inmersión lingüística, defender y ejercer la soberanía de las instituciones catalanas para determinar el modelo educativo, textualmente, y proporcionar recursos a los centros educativos ante "injerencias de los tribunales españoles o por entidades españolistas", entre otras medidas.