¿Cómo fraccionó contratos Laura Borràs? Los hechos probados en la sentencia condenatoria

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), presidido por el juez Jesús María Barrientos Pacho, dictó el marzo de 2023 una sentencia condenatoria contra la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por prevaricación administrativa y falsedad documental. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en enero de 2025, tras un largo proceso judicial que implicó la revisión del caso por la más alta instancia judicial en España.

La condena se basa en un complejo caso de corrupción administrativa relacionado con la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entidad pública dirigida por Borràs entre 2013 y 2018. La sentencia del TSJC, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, detalla cómo Borràs fraccionó una serie de contratos públicos con el fin de eludir los procedimientos de contratación competitiva y adjudicar los trabajos a un conocido de forma directa. Esta práctica fue realizada a través de 18 contratos menores por valor de 335.700 euros, que en realidad fueron parte de una adjudicación única para la creación, desarrollo y mantenimiento de la web de la ILC.

El fraccionamiento de los contratos

El punto central de la condena recae en el fraccionamiento irregular de los contratos, una estrategia que Borràs utilizó para ocultar una adjudicación directa. A través de estos contratos menores, la expresidenta logró dar apariencia de legalidad a un proceso que en realidad no cumplió con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública. La falta de competencia y el favoritismo al seleccionar al contratista fueron factores clave que el TSJC y el Tribunal Supremo señalaron como indicativos de corrupción.

Aunque los trabajos fueron adjudicados a un único proveedor, identificado como H. F., el proceso fue dividido en múltiples contratos menores, lo cual permitió que Borràs evitara los procedimientos de licitación pública que la ley exige para contratos de mayor cuantía. Además, los plazos y los términos de los contratos fueron manipulados para dar la apariencia de conformidad con las normas, cuando en realidad no hubo una verdadera licitación pública.

La falsedad documental

A la irregularidad en el fraccionamiento de los contratos se sumó la falsedad documental. Según la sentencia, en los expedientes de contratación se incluyeron documentos falsificados para dar la apariencia de que existía competencia entre proveedores. Se crearon ficticios tres licitadores por expediente para cumplir con los requisitos formales de la ley, cuando en realidad no hubo tal competencia. Además, el precio de los contratos y los plazos de ejecución fueron manipulados para ajustarse a los documentos oficiales, lo que constituye un claro caso de falsedad en documento oficial.

Confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo

Este martes, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia condenatoria del TSJC, subrayando que la conducta de Borràs fue una clara infracción de la legislación de contratación pública y que las irregularidades cometidas en la tramitación de los contratos reflejaban una actuación prevaricadora. La sentencia destaca que Borràs no solo fraccionó los contratos de forma deliberada, sino que también adoptó una decisión administrativa con pleno conocimiento de que estaba vulnerando la ley.

El Tribunal Supremo rechazó, además, la aplicación de la Ley de Amnistía, un argumento planteado por la defensa de Borràs y que fue apoyado por algunos sectores políticos, como el partido Junts. La defensa de Borràs argumentó que la sentencia tenía motivaciones políticas, vinculadas al contexto del proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, el Supremo rechazó estas alegaciones y subrayó que los delitos por los que se condenaba a Borràs no estaban relacionados con cuestiones políticas, sino con corrupción administrativa.

Las repercusiones políticas y judiciales

El caso ha generado un amplio debate en el ámbito político y judicial, especialmente dentro de la política catalana. Junts per Catalunya, el partido al que pertenece Laura Borràs, ha mostrado su apoyo a la ex presidenta del Parlament, calificando la sentencia de desproporcionada y acusando al sistema judicial español de actuar con ensañamiento político. Por su parte, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la irregularidad en los contratos y las falsedades documentales fueron los factores determinantes en la condena, lo que otorga un carácter jurídico a la resolución, independientemente de las interpretaciones políticas.