El Govern promete 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y endurece el control a grandes tenedores

El Govern de Catalunya ha anunciado una serie de medidas destinadas a impulsar la vivienda pública y mejorar el acceso a la misma para los ciudadanos. Entre los principales compromisos se encuentra la construcción de 50.000 pisos hasta 2030, garantizando que su precio no supere el 30% de los ingresos familiares. Para lograrlo, se agilizarán los trámites y se acortarán los plazos de entrega, según ha confirmado este martes la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

En este sentido, el Ejecutivo catalán también ha anunciado una modificación en la gestión de las fianzas del Institut Català del Sòl (INCASÒL). Hasta ahora, el 10% de estos fondos se destinaba al parque público de vivienda, pero con la nueva medida se reducirá al 5%, redirigiendo recursos a la compra y promoción de viviendas de protección oficial. Además, todas las viviendas adquiridas por tanteo y retracto pasarán a ser de protección oficial permanente.

Otra de las medidas clave del decreto es la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores, que incluirá a todas aquellas personas físicas o jurídicas que posean más de 10 inmuebles en propiedad. Estos propietarios estarán obligados a comunicar el número de viviendas que poseen, y en caso de no hacerlo, se considerará una "infracción de carácter grave" de acuerdo con la ley de vivienda catalana.

Respecto al conocimiento del decreto por parte de otros actores políticos, la consellera Paneque ha asegurado que tanto Esquerra Republicana como los Comuns han sido informados del contenido del mismo y que muchas de sus medidas forman parte de los acuerdos de investidura.