Luz verde para construir 1.200 viviendas protegidas en 11 ciudades de Catalunya

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que su partido ha alcanzado un acuerdo con el Govern para la construcción de hasta 1.200 viviendas públicas protegidas en 11 ciudades catalanas.

"Es un primer paso importante para ampliar el parque público de Catalunya en una situación de emergencia habitacional como la que estamos sufriendo", ha valorado Albiach durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament, que ha destacado que la calificación de vivienda protegida no caducará, en sus palabras.

Illa ha detallado que los terrenos donde se ubicarán son 14 solares propiedad de la Generalitat que se pondrán a disposición del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica: "¿Es suficiente con esto? No, pero es un paso adelante. ¿Qué debemos hacer? Construir más, de forma más ágil y de forma más rápida", ha valorado.

Concretamente, las viviendas se construirán en Barcelona, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Sant Vicenç de Castellet, Tarragona, Prades, Xerta, Girona, Figueres y Llançà; y el Departamento de Economía y Finanzas se ocupará de las licitaciones para adjudicar los derechos de superficie.

36.000 viviendas sin protección

Más allá del acuerdo, Albiach ha pedido que el compromiso de Illa de construir más y más rápido se haga con garantías, y sobre todo que no se pierda la calificación de vivienda protegida, también para la vivienda protegida ya existente, situación que ha asegurado que se puede producir actualmente.

"Ahora mismo en Catalunya hay 36.000 viviendas protegidas, que en los próximos años pueden perder la protección y pasará al libre mercado y de hecho hay 8.000 que la perderían este mismo año y por eso es importante que su gobierno actúe y reaccione tal y como le estamos pidiendo y cómo está recogido el acuerdo de investidura", ha dicho.

Para ello, ha reclamado al Ejecutivo más medidas para combatir la especulación y que aprovechar todos los recursos disponibles para construir. "Los intereses de la condonación de la deuda del FLA deben ir a vivienda pública", ha pedido.

Por su parte, Illa ha asegurado que tiene la voluntad de hacer una política de vivienda de "largo recorrido" para la que ha pedido el consenso del Parlament para que pueda sostenerse en el tiempo y para garantizar, en sus palabras, que la vivienda en Catalunya es un derecho y no un negocio.

Ha defendido que en casi cada Consell Executiu de su Govern se aprueba alguna medida relacionada con la vivienda, como el decreto aprobado ayer para la agilización y simplificación de trámites administrativos: "Seguiremos caminando por este camino, el objetivo de 50.000 viviendas protegidas para 2030 es ambicioso, pero yo tengo confianza en que avanzaremos".