Junts acusa al President Salvador Illa de hablar demasiado castellano y bloquea el "Pacte Nacional per la Llengua"

El debate sobre el Pacte Nacional per la Llengua continúa encallado en el Parlament. Susanna Segovia, diputada de los Comunes, expresó su preocupación en una sesión parlamentaria, reclamando explicaciones al consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. "Parece que siempre estamos a punto de aprobarlo, pero nunca se consigue", afirmó.

Este acuerdo, destinado a impulsar el catalán, fue pactado por el Govern de Salvador Illa con ERC con la previsión de ser aprobado antes de finalizar el año pasado, con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros anuales. A pesar de que el PSC heredó un documento casi finalizado de la anterior legislatura, el acuerdo todavía no se ha materializado. Según fuentes próximas a la negociación, Junts es el principal obstáculo. Tanto el PSC como la CUP han señalado este partido como el responsable del bloqueo, especialmente durante un debate sobre el catalán como "lengua de acogida".

Motivos del bloqueo

La diputada de Junts, Carme Renedo, justifica la negativa de su partido por dos razones principales. En primer lugar, critica al Govern por "no haber trabajado suficiente con las entidades que defienden la lengua" y por no haber "explorado los compromisos que puede ofrecer la sociedad civil". En segundo lugar, denuncia la carencia de "lealtad lingüística" del Ejecutivo en un "contexto de emergencia" para la lengua catalana.

De hecho, Renedo ha acusado al President, Salvador Illa y a otros miembros de su Govern de utilizar el castellano de manera "recurrente" en actas oficiales, en el Parlament y en las redes sociales. Además, critica su permisividad ante "vulneraciones de los derechos de los catalanoparlantes" y su falta de respuesta a normativas estatales que considera discriminatorias hacia el catalán. Sin embargo, desde que es presidente, Illa ha hecho todas sus intervenciones en catalán en el Parlamento y utiliza el castellano de manera puntual en actas donde hay representantes estatales.

Posiciones divergentes y negociaciones en marcha

Para evitar tensiones con los grupos parlamentarios, el Govern mantiene un discurso conciliador, afirmando que continuará trabajando para conseguir un amplio consenso tanto con los partidos como con las entidades de defensa de la lengua. Fuentes gubernamentales aseguran que el acuerdo podría desbloquearse en las próximas semanas, puesto que las negociaciones y el intercambio de documentos se han intensificado.

ERC, que actualmente revisa la última versión del documento, insiste en que el acuerdo forma parte de los pactos de investidura y considera "imprescindible" su aprobación. Además, pide que su valoración se haga "sin partidismos ni estrategias de desgaste", en una clara crítica a Junts. "Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, nuestras aportaciones ya están incluidas", afirman fuentes republicanas.

Los Comunes, pero, se muestran perplejos ante el retraso y aseguran que todavía no han recibido respuesta del Gobierno a sus propuestas. "La última versión del documento que tenemos es de antes de Navidad. No entendemos el retraso ni sabemos qué lo está bloqueando", lamentan desde el grupo de Jéssica Albiach.

El futuro del Pacto Nacional por la Lengua continúa siendo incierto mientras los partidos se mantienen en sus posiciones y las negociaciones avanzan con dificultades.

Junts amplía su influencia en instituciones estatales con la entrada en Renfe

Junts per Catalunya continúa reforzando su presencia en instituciones clave del Estado español con la reciente incorporación del economista Eduard Gràcia al consejo de administración de Renfe según La Vanguardia. El nombramiento ha sido decidido directamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y refleja una estrategia clara del partido liderado por Carles Puigdemont para situar personas afines en posiciones destacadas dentro de empresas públicas.

Eduard Gràcia, economista y profesor de Economía Internacional en la Universitat de Barcelona, cuenta con una estrecha vinculación a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ha destacado en los últimos años por su defensa del Corredor Mediterráneo, criticando la lentitud de su ejecución y abogando por mejoras sustanciales en el servicio ferroviario de Catalunya.

Este movimiento no es aislado, sino que se une a una serie de recientes nombramientos que evidencian la intención de Junts de recuperar la influencia económica que caracterizó al antiguo sector de negocios de Convergència Democrática de Catalunya (#CDC). Entre las incorporaciones más destacadas están:

• Ramon Tremosa, ex eurodiputado y ex consejero de Empresa, quien recientemente se ha sumado al consejo de administración de Aena.
• Miquel Calçada, periodista y antiguo candidato en el Senado por Convergència, que desde diciembre de 2024 forma parte del consejo de administración de RTVE.
• Pere Soler, exdirector general de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O, es actualmente consejero en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta estrategia también cuenta con la participación activa del vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, antiguo dirigente de Unión Democrática de Catalunya (#UDC), que ha impulsado contactos estratégicos a Madrid, secundado por David Madí, antiguo colaborador del expresidente Artur Mas. Castellano busca así fortalecer los vínculos con importantes figuras del mundo empresarial español y consolidar la presencia del partido en instituciones clave del ámbito económico.

La creciente influencia de Junts en estas entidades muestra una clara voluntad del partido de Puigdemont de participar activamente en la toma de decisiones estratégicas a nivel estatal que afectan directamente a Catalunya.