Tirón de orejas de la Síndica de Greuges: "ineficacia y lentitud" en las administraciones

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha denunciado este martes 18 de marzo las carencias de la Administración pública, a la que ha calificado de lenta, burocrática, obsoleta y poco transparente. Ha subrayado que esta ineficacia se traduce en una gestión deficiente de los recursos públicos y una atención inadecuada a la ciudadanía.

Estas críticas se han expuesto durante la presentación del Informe Anual 2024 de la Sindicatura, entregado al president del Parlament, Josep Rull. El informe recoge las principales quejas y consultas recibidas a lo largo del año, que reflejan un malestar creciente con el funcionamiento de los servicios públicos.

Entre los problemas más destacados, Giménez-Salinas ha señalado los retrasos en las listas de espera sanitarias y en la tramitación de la dependencia, donde, pese a cierta mejora, algunos expedientes siguen demorándose más de nueve meses. También ha criticado la lentitud de la justicia y la falta de claridad en la comunicación administrativa, que a menudo parece pensada “más para la propia Administración que para la ciudadanía”. En este sentido, ha defendido la necesidad de simplificar los procedimientos, apostando por soluciones como una ventanilla única.

La Síndica ha puesto el foco en la creciente institucionalización de niños y niñas, especialmente menores de 6 años, y ha reclamado una reforma profunda del modelo residencial de personas mayores, con un cambio de enfoque hacia la atención domiciliaria. Además, ha propuesto fomentar el aprendizaje de oficios como herramienta de reinserción para las personas privadas de libertad.

En materia de vivienda, Giménez-Salinas ha alertado sobre la falta de políticas efectivas de acceso a la vivienda social. Ha recordado que el parque público de Catalunya está muy por debajo de la media española y europea y ha expresado dudas sobre el cumplimiento de la promesa del Govern de construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030.

También ha advertido de la ausencia de un modelo sólido de acogida e inclusión para las personas migrantes, subrayando la importancia de garantizar el ascensor social y la escolarización. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, ha lamentado la falta de planificación: solo el 39% de los 521 municipios obligados disponen de planes de emergencia ante inundaciones.

Finalmente, ha mencionado casos de mala gestión de los recursos públicos, como los pagos indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la falta de personal médico en el sistema sanitario.

Balance de actividad 2024

A lo largo de 2024, la Sindicatura ha tramitado 22.825 actuaciones, incluyendo quejas, consultas y actuaciones de oficio. La mayoría (43%) se refieren a políticas sociales, seguidas de administración pública y tributos (22%), políticas territoriales (18,5%), consumo (10%), seguridad ciudadana y justicia (10%) y lengua y cultura (0,4%).

Las principales quejas en políticas sociales se centran en la Renta Garantizada de Ciudadanía, las prestaciones sociales, las listas de espera en sanidad y la emergencia habitacional. En el ámbito educativo, el 70% de las reclamaciones corresponden a la escuela.

Respecto a la administración y la justicia, el 45% de los casos responden a irregularidades en el funcionamiento de la Administración pública. Aunque el 95% de las recomendaciones de la Sindicatura son aceptadas, solo el 71% se aplican completamente; el resto, de manera parcial.

Un dato destacado del informe es que el 64% de las quejas relacionadas con políticas sociales provienen de mujeres, reflejo de la sobrecarga social que asumen en tareas de cuidado. En cambio, en administración pública y tributos predominan las reclamaciones de hombres (60%). En el resto de ámbitos, la distribución es más equitativa.