Puigdemont, en manos del Tribunal Supremo tras la decisión del juez Aguirre

Joaquín Aguirre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha dado un paso significativo en la investigación de la trama rusa del procés. Este lunes, Aguirre envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se investigue a Carles Puigdemont y a Francesc Dalmases por supuestos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. 

Esta decisión surge en un momento en el que el juez Manuel García-Castellón exoneraba al expresident del delito de terrorismo por su supuesta pertenencia a la organización clandestina Tsunami Democràtic, abriendo la puerta a una acusación aún más grave.

Además de Puigdemont y Dalmases, Aguirre ha imputado a figuras clave del movimiento independentista como Artur Mas, Gonzalo Boye y Josep Lluís Alay, entre otros.

Liderazgo y Control de la Trama

En su documento, el juez Aguirre detalla cómo Artur Mas y Carles Puigdemont ejercieron control y liderazgo sobre las acciones de sus colaboradores, quienes tenían la capacidad de modificar o suspender actividades dirigidas a contactar con actores rusos cuyo interés era contrario al Estado español. 

El juez describe una estructura piramidal con Puigdemont y Mas en el vértice, seguidos por Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, quienes desempeñaban labores de planificación para obtener el reconocimiento de Rusia a una eventual República Catalana.

Criptomonedas favorables a los rusos

Uno de los aspectos más destacados en la investigación es la "Operación Criptomonedas". Aguirre señala que informes de la Guardia Civil revelan una trama organizativa dirigida desde instituciones públicas controladas por la antigua Convergència. Esta actividad separatista abarcaba acciones políticas, de comunicación, participación e internacionalización, las cuales requerían financiación.

El documento menciona que Carles Puigdemont pidió a Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, que continuara trabajando en el desarrollo de una legislación sobre criptomonedas adecuada a los intereses rusos. Según Terradellas, los rusos habían prometido "ayuda militar y económica a Catalunya" a cambio de esta legislación.

Injerencia Rusa

El juez Aguirre destaca que en el procés hubo injerencia rusa, buscando una inestabilidad profunda y prolongada en España y la UE, más que una Catalunya independiente. Los métodos incluían apoyo a actores políticos, polarización social, promoción de narrativas contradictorias, financiación de grupos de presión, descrédito de liderazgos, operaciones cibernéticas y uso de criptomonedas. Estos esfuerzos comprometían la estabilidad, el Estado de derecho y la responsabilidad política.

En el caso catalán, Aguirre sostiene que actores políticos de alto nivel en la Generalitat mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al Gobierno de la Federación de Rusia. Estas interacciones formaban parte de una estrategia más amplia de Rusia para desestabilizar la UE y la OTAN, utilizando el procés como herramienta.

Además, también llevaron a cabo campañas de desinformación en la que se dejaba a España como una "república bananera" al borde de una guerra civil y acusaban a las fuerzas policiales de usar violencia para impedir el derecho a votar.

Estrategia Rusa y Colaboración Independendista

Para la política rusa, el Procés era una herramienta estratégica contra Occidente. Aunque el proceso de secesión fracasó, la existencia del conflicto y la desestabilización de España representaban una victoria para los intereses rusos. En el caso de éxito, Rusia habría tenido una "puerta trasera" para desestabilizar la UE política y económicamente.

En este contexto, el magistrado asegura que los investigados facilitaron la injerencia rusa mediante el uso de fondos públicos para financiar actividades internacionales destinadas a obtener apoyo para una supuesta República Catalana. Los contactos de líderes independentistas como Puigdemont y Alay con figuras rusas vinculadas a los servicios de espionaje se detallan, configurando un inquietante panorama de subordinación política a intereses extranjeros.