El impuesto sobre las energéticas y bancos, en el aire por la posición del PNV

El impuesto temporal a las grandes empresas energéticas y bancarias en 2022 está al borde de la desaparición al concluir el ejercicio de 2024. Este gravamen, que aporta aproximadamente 1.500 millones de euros anuales de cada sector a las arcas del Estado, enfrenta un futuro incierto debido a la falta de apoyo político para hacerlo permanente.

La potencial pérdida de 3.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales ha generado preocupación en el gobierno, especialmente porque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado que no respaldará la propuesta de prórroga del Ejecutivo socialista.

La resistencia del PNV, un socio crucial en el Parlamento, podría poner fin a la aplicación de este gravamen a partir de 2025. Además, la incertidumbre sobre si otros partidos, como Junts per Catalunya, apoyarán el denominado "impuestazo" también complica la situación. 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha declarado recientemente que existen señales de que el gravamen está comenzando a ser considerado "cosa del pasado", y ha reafirmado la postura de Repsol de que el impuesto es "injusto e ilegal". La empresa ha pagado 444 millones de euros en 2023 y se espera que pague 335 millones en 2024.

El gravamen fue diseñado originalmente para ser aplicado durante dos años, 2023 y 2024, basado en los ingresos de 2022 y 2023. Sin embargo, el gobierno decidió extenderlo un año más en 2024, con el apoyo del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar, que incluyó incentivos fiscales para fomentar la inversión verde. A pesar de esto, el decreto 8/2023 del gobierno, que estableció la prórroga, advirtió que la integración del gravamen en el sistema tributario dependía de incluir un incentivo para inversiones estratégicas desde el 1 de enero de 2024.

La falta de consenso en el Parlamento para aprobar los presupuestos de 2024 ha llevado a una prórroga de los presupuestos de 2023, complicando aún más el futuro del gravamen. Esta incertidumbre se ve agravada por la presión de grandes empresas como Iberdrola y Repsol sobre el PNV, mientras que Endesa y Naturgy podrían influir en la posición de Junts per Catalunya. Endesa, la principal empresa eléctrica de Catalunya, y Naturgy, el principal proveedor de gas del país, tienen intereses significativos en la decisión final.

Además de las energéticas, el sector bancario también se ve directamente afectado por esta situación. Entidades como BBVA, en el País Vasco, y CaixaBank, en Catalunya, están observando atentamente los desarrollos. 

La falta de apoyo político y las presiones corporativas están haciendo que la permanencia del gravamen sea incierta, dejando en el aire el futuro de esta significativa fuente de ingresos fiscales para el gobierno español. Mientras tanto, la necesidad de inversión en la transición energética sigue siendo un tema prioritario, que podría verse afectado por la decisión final sobre el gravamen.