Ayuso quiere averiguar el coste que tendría el cupo catalán para cada madrileño

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara ante un posible escenario en el que la "financiación singular" acordada por el PSC y ERC para Catalunya, con el objetivo de asegurar la presidencia de la Generalitat, pudiera perjudicar a los contribuyentes madrileños.

Fuentes del Ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, han indicado que están analizando dos posibles situaciones en caso de que esta medida se implemente. Una de ellas contempla que Madrid y las Islas Baleares (junto con Catalunya, las únicas contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica) deban asumir la parte que Catalunya deje de aportar, lo que generaría una presión fiscal adicional para Madrid.

La otra posibilidad es que el Estado asuma la porción que Catalunya deje de aportar a la redistribución de los recursos entre comunidades, lo que supondría una carga adicional para el Gobierno central. Actualmente, Hacienda ya se encarga de gestionar la mayoría de los fondos destinados a la solidaridad entre territorios.

Según fuentes autonómicas, la falta de detalles en el acuerdo entre PSC y ERC –que deberá ser negociado en el Congreso de los Diputados para su aprobación– dificulta calcular el impacto económico que podría suponer para las finanzas regionales o estatales.

El acuerdo de financiación singular incluye no solo un esquema similar al concierto económico, en el que Catalunya recaudaría todos los tributos pero descontando un pago al Estado por servicios no prestados (como Defensa o diplomacia), sino también la continuidad de su contribución a la solidaridad con las regiones menos prósperas, todo ello bajo el principio de ordinalidad.

Según los datos de Fedea, en 2022 Madrid contribuyó con tres de cada cuatro euros a la redistribución entre territorios realizada por las Comunidades Autónomas, sumando un total de 7.395 millones de euros. Le siguieron Cataluña con 2.088 millones de euros y Baleares con 345 millones de euros.

Estas tres regiones son las únicas que realizaron aportaciones netas al sistema, que se complementa con fondos del Estado para cubrir las necesidades restantes. En 2022, la aportación estatal fue de 14.313 millones de euros, según los cálculos del think tank.

El pacto PSOE - ERC "no es defendible"

En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno regional del verano, el consejero de Presidencia y número dos de Ayuso, Miguel Ángel García, afirmó que la propuesta del PSC y ERC "no es defendible, no tiene cabida en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".

"Queremos seguir siendo solidarios y permitir que otros también lo sean. Lo que ha planteado el PSOE en su acuerdo con ERC no puede llevarse a cabo sin una reforma constitucional. La gran pregunta aquí es por qué ERC puede tener la capacidad de condicionar el modelo territorial que todos los españoles hemos acordado", señaló.